La Corte de Apelaciones de Arica abrió de una investigación administrativa en contra de Héctor Barraza, juez que ordenó revelar los nombres de 56 testigos protegidos en un caso relacionado con el Tren de Aragua.
La indagatoria busca establecer la forma en que se desarrolló la audiencia en la que el magistrado accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la causa contra la organización criminal.
La decisión fue adoptada luego de analizar los antecedentes recopilados por parte del ministro visitador del Juzgado de Garantía, José Delgado.
Claudia Arenas, presidenta de la corte ariqueña, dijo que «al mismo tiempo se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos».
