El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que un fiscal judicial realice una investigación administrativa al juez Daniel Urrutia, el polémico magistrado que autorizó videollamadas a reos de alta peligrosidad, para indagar eventuales irregularidades en la entrega de estos beneficios.
En caso de detectarse, el letrado arriesga ser expulsado de su cargo, ser suspendido o amonestado.
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«El pleno dispuso la instrucción de un sumario administrativo para indagar la situación que se produjo y para esclarecer algunos hechos que requieren mayor precisión», afirmó Omar Astudillo, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago.
«CARECÍA POR COMPLETO DE FACULTADES»
La polémica con el juez Daniel Urrutia se inició el 25 de enero pasado, cuando autorizó la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
Aunque Gendarmería manifestó su preocupación por la medida -ya que “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”, argumentaron-, el magistrado ratificó su resolución.
Así las cosas la institución presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Entonces, la corte decidió «revocar la resolución apelada, dictada en audiencia por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que mantuvo la decisión de autorizar visitas a cuatro internos mediante la realización de videollamadas con terceros, además de acceder a la visita íntima solicita por el interno extranjero Rafael Marín Vielma, y en su lugar se decide que se dejan sin efecto las antes referidas autorizaciones, desestimándose las peticiones efectuadas en tal sentido por los privados de libertad aludidos en el arbitrio de apelación».
Más aun, de acuerdo con la resolución el magistrado “carecía por completo de facultades” para involucrarse en las solicitudes de los internos, puesto que las causas de ninguno de ellos estaban siendo tramitadas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde ejerce funciones Urrutia.
De este modo, la Corte estimó que el juez debió “limitarse” a remitir las presentaciones de los imputados a los juzgados que sí les correspondía revisar los antecedentes.
