Hay una crisis en las policías.
Después del revuelo mediático que se produjo en enero con el anuncio de la próxima formalización -fijada paran mayo- del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, otros asuntos más urgentes e inmediatos lo habían cobijado bajo el habitual manto del olvido, ese tan típico de la memoria corta de los chilenos.
Eso, hasta ahora, que -sin decir agua va- el director de la otra policía, la de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, no solo vio como allanaban su casa y su oficina, sino que se vio obligado a renunciar a su cargo y se anunció, además, que será formalizado este martes.
Tanto tiempo pensando que en este país no existían la corrupción ni las irregularidades, que eso era algo que pasaba “en otras partes”. Y que, si las había, las sólidas instituciones del país estaban ahí para frenarlas.
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Pero la burbuja reventó. Y resulta que ahora nuestras policías son las que están en la mira. Las dos.
Bienvenido a la realidad dura. La dura realidad.
“AFECTA GRAVEMENTE LA CREDIBILIDAD”
“Resulta insólito, bajo los estándares de un estado democrático de derecho en occidente en el siglo XXI, que los jefes de las dos policías que están a cargo de investigar delitos estén precisamente con formalizaciones anunciadas respecto de delitos graves”, manifestó a Esta Pasando el abogado Mauricio Daza, quien ha sido querellante en mediáticos casos vinculados al financiamiento de la política como Penta, Corpesca, Cascadas y SQM.
A su juicio, “esto afecta la posibilidad de que las instituciones que tienen a su cargo puedan desempeñarse de una manera normal”.
Más encima, el que los cuestiona es el Ministerio Público, un órgano del Estado “con el cual las policías deben también relacionarse habitualmente”, lo que -opinó Daza- “además afecta gravemente la credibilidad de las instituciones del Estado”.
¿TE CUENTO UN SECRETO?
La trama de la formalización de Sergio Muñoz es como para escribir un libro de intrigas y espionaje.
El jefe de la PDI es acusado de revelar información en una causa decretada como secreta en el marco de las indagatorias por el Caso Audios, ese donde se formalizó al abogado Luis Hermosilla por los delitos de soborno y cohecho.
Esto, luego de que se filtrara un audio de una conversación con la jurista Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer donde hablaban sobre el pago de coimas a funcionarios del SII y la CMF con el fin de obtener información privilegiada para el empresario, cuya compañía era investigada por ambas entidades.
Según lo informado por el Ministerio Público, tras pericias efectuadas al celular de Hermosilla se revelaron hechos constitutivos de delitos que involucran directamente a Muñoz.
Sumando uno más uno, lo lógico era pensar que la información que estaba pasando tenía que ver con eso.
ALERTA DE PERICIAS
Pero no.
En las pesquisas al celular del abogado aparecieron diálogos con el director de la PDI sobre la investigación en contra de Héctor Espinosa -exdirector de la PDI, antecesor y amigo de Muñoz-, acusado por los delitos de malversación y lavado de activos a través de los gastos reservados de la policía civil.
Según la información del Ministerio Público, en esos mensajes Hermosilla era alertado sobre lo que solicitaba la Fiscalía en esa causa, qué buscaba y por dónde se movía esa investigación.
Versiones de prensa aseguran que en la violación de secreto había, además, otras cuatro indagatorias llevadas adelante por la Fiscalía.
Estas incluían la compraventa de la minera Dominga; la que investigaba al Presidente Piñera por su eventual intervención para beneficiar al Casino Enjoy; la que persigue responsabilidades del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba en actos de corrupción, y la que indaga al exintendente y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto en la comuna de La Granja a su hermano Matías Guevara, informó Ciper Chile.
Suficientemente grave como para que, mientras el Gobierno se daba vueltas sobre “puntos de inflexión” buscando la mejor manera de enfrentar la situación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera presentar una querella criminal «por diversos hechos constitutivos de delitos» en contra Muñoz.
PASANDO PIOLA
El general director de Carabineros, en tanto, hasta el viernes esperaba callado, tras bambalinas, haciendo su trabajo habitual, ajeno a los cuestionamientos de enero, que fue cuando se fijó para el martes 7 de mayo su formalización por su responsabilidad de mendo y “conducta omisiva de delitos de apremios y homicidios” tras el 18 de octubre de 2019.
Ello, por su rol como jefe de Orden y Seguridad en el estallido social antes de asumir la máxima jefatura de la institución.
En esa misma fecha correrán su misma suerte su antecesor, el general (r) Mario Rozas Córdova, así como al ex subdirector de la policía uniformada, general (r) Diego Olate Pinares.
Esto, a pesar de los intentos infructuosos de su defensa de echar abajo la investigación de los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz.
¿Y LA RENUNCIA?
La forma como el Gobierno ha enfrentado las formalizaciones ha sido particular.
Ha insistido mucho en el apoyo a las instituciones y no a las personas, y en que hay que dejar que la justicia avance, argumentos de base por los cuales el general Ricardo Yáñez aún está en el cargo.
Ello, a pesar que sectores de su propia coalición de gobierno pidieron a gritos que lo llamara a retiro.
Nada de eso se pudo aplicar con Sergio Muñoz en la PDI por el peso de la acusación y las pruebas, pero, como hizo notar Mauricio Daza en conversación con Esta Pasando, el Jefe de Estado no solicitó la dimisión a ninguno de los dos jefes policiales, cuestión que calificó de “inexplicable”.
“En el caso de la PDI hay que recordar que el propio Gobierno ha destacado de una manera bastante enfática que el presidente Boric no le pidió la renuncia, sino que fue el propio Sergio Muñoz Yáñez quien, frente a las revelaciones respecto de delitos vinculados a la violación de secretos al operar básicamente como un informante del abogado Luis Hermosilla, presentó la renuncia”, destacó el abogado.
“Ni hablar respecto de delitos que son mucho más graves incluso que aquellos que se le imputan a Muñoz Yáñez, como aquellos que se vinculan con violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que afectan al actual general director de Carabineros”, agregó.
LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD
Así las cosas, los altos mandos de las dos instituciones encargadas de la seguridad en Chile enfrentarán cargos por delitos.
Uno ya renunció. El otro, quizás cuándo.
¿Acaso un delito es menos grave que el otro?
Con Yáñez, en enero la defensa de la oposición a su permanencia en el cargo fue cerrada.
Las faltas que se le imputan por su responsabilidad de mando dicen relación con crímenes contra los derechos humanos cometidos después del estallido social, y en ese sector político tienden a rechazar todo lo que suene o se relacione con “octubrismo”.
Aun entre los partidos de gobierno hubo quienes llamaron a la “moderación”.
“En momentos que vivimos la peor crisis de seguridad en nuestro país el foco debe estar en apoyar a Carabineros y al general director en su labor de persecución del crimen organizado y el narcotráfico”, especificó en ese momento el diputado del PS Raúl Leiva.
Con Muñoz eso ya no fue posible.
Y salpicó a Yáñez.
“INSOSTENIBLE”
Desde el mundo político las reacciones a la salida de Sergio Muñoz no se hicieron esperar.
El diputado Eric Aedo anunció que «como jefe de bancada de la Democracia Cristiana, voy a pedir una comisión investigadora de estos hechos que son gravísimos. Acá estamos ante un caso de corrupción enorme que afecta a la credibilidad de todo el sistema político, judicial y policial en nuestro país».
Sin embargo, también aseguró que “junto con la salida del director de la PDI creo que a esta altura también la salida del general director de Carabineros es imprescindible”.
“Las fuerzas de orden y seguridad no pueden estar cuestionadas de la forma que hoy día están, menos sus directores. Aquí está en juego la estabilidad de la democracia”, agregó.
Coincidió el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD): “se hace insostenible tener a las dos principales policías con sus directores y altos mandos cuestionados y formalizados por la justicia”.
“El caso de Carabineros es similar (a lo de Muñoz). Si bien la causa -de la formalización- es distinta, no podemos tener a otro jefe de la policía con la cabeza puesta en qué le va a pasar o como se defiende y, por otro lado, conduciendo una institución que debe estar concentrada en el combate del crimen organizado”, sostuvo el senador Iván Flores (DC).
A su juicio, “ambos jefes policiales debieron haber puesto sus cargos a disposición en cuanto tuvieron el anuncio de que iban a ser formalizados por el Ministerio Público”.
Ahora desde la oposición el diagnóstico sí es similar, aunque antes se respaldó al general Yáñez.
“Yo creo que el general director debería seguir lo que ha hecho su par de la PDI. Aquí tenemos que dar señales claras. Las máximas autoridades de las policías no pueden estar involucradas en delitos”, sostuvo el diputado UDI, Henry Leal.
CARABINEROS COMO ESCUDO
“El actual general director de Carabineros no es la única persona en la institución que puede asumir un rol preponderante y eficaz en la lucha contra la delincuencia”, acotó Mauricio Daza.
Más aun, dijo, “lamentablemente el general director actual lo que está haciendo es ocupar a la institución como una suerte de escudo para los efectos de poder beneficiar su defensa individual personal por graves delitos de crímenes de lesa humanidad que se le están imputando”.
Y advirtió: “Todo esto es absolutamente irregular, es una anomalía, y no se entiende cómo un gobierno, sobre todo del signo político que dice tener la administración de Gabriel Boric, se puede mantener esta situación en esos términos”.
Cierto, no se entiende.
Quizás estuvimos engañados todo este tiempo y en realidad nunca fuimos la nación que todos miraban como ejemplo de buen funcionamiento, seriedad, probidad y trasparencia.
Que, como decía Nicanor Parra, «nos creemos país y apenas somos paisaje».
¿Cuándo será que se pudrió todo?
