El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, admitió que tuvo conocimiento del escándalo de Democracia Viva nueve días antes de que saliera a la luz pública.
El militante de Revolución Democrática finalmente se presentó ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el lío de platas conocido a partir del caso Democracia Viva, tras dos citaciones anteriores a la que no asistió.
Crispi justificó sus anteriores inasistencia aduciendo la «responsabilidad con el Presidente de la República». «Es un espacio que debo cuidar y mantener cierta reserva (…) pero también tengo que despejar ciertas dudas», señaló el jefe de asesores. En ese contexto, ponderó y decidió asistir.
Al comenzar la sesión, el exdiputado dijo respetar “la labor de fiscalización” de la Cámara de Diputados y manifestó su intención de colaborar, admitiendo que se generó una situación incómoda por su negativa inicial a comparecer.
Añadió que decidió asistir luego de escuchar la opinión del contralor Jorge Bermúdez.
CONOCIMIENTO INFORMAL
Los 13 legisladores que integran la comisión buscan establecer responsabilidades políticas por irregularidades en los convenios entre reparticiones estatales y fundaciones, época que coincide con aquella en que fue subsecretario de Desarrollo Regional, cargo que tuvo hasta septiembre de 2022.
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En su exposición ante los legisladores en Valparaíso, Miguel Crispi admitió que tenía conocimiento de la situación. Según dijo, conoció el caso de manera informal y sostuvo un diálogo al respecto con la subsecretaria de Vivienda de entonces, Tatiana Rojas.
Consultado por la diputada Yovana Ahumada y el diputado Juan Carlos Beltrán por las fechas en que el gobierno supo del caso, Crispi recalcó que “el Presidente de la República se enteró el día 16 de junio, como es de público conocimiento”.
«El 7 de junio, antes que el Presidente de la República, tomé conocimiento de un rumor, donde señalaban que había una situación en Antofagasta donde Daniel Andrade tenía una participación que tenía un vínculo con el seremi de vivienda (Carlos Contreras)», relató.
LA SUBSECRETARIA
«Lo derivé a la subsecretaria de Vivienda. Llamo a la subsecretaría, le pregunto si ha escuchado hablar de esto (…) Le digo que tome el caso y lo investigue, y le digo que si esto se comprueba que se tomen la decisiones correspondientes», agregó.
«¿Por qué lo hago con la subsecretaria? Porque es la superior jerarquiza de los seremis. Posteriormente no hay más conversaciones (…) Mi función como jefe de asesores está muy alejado de estos temas», agregó Miguel Crispi.
El asesor de gobierno precisó que no hubo una comunicación escrita, por mail o mensajería, y que la solicitud a la subsecretaria la hizo mediante un llamado telefónico.
Crispi, aseguró que no conocía la Fundación Democracia Viva hasta el 7 de junio, cuando se enteró del «rumor». En esa línea sostuvo que “con el rumor que tuve en mis manos no lo catalogué como delito”.
Frente a los cuestionamientos a las acciones que tomó el jefe de asesores en relación al Caso de Democracia Viva, Crispi argumentó que «no no tengo firma para mandar un oficio a un ministro o ministra. Yo no mando oficios, no tengo firmas y menos podría hacer una investigación sumaria».
Sobre el actuar de la subsecretaria, evitó hacer una evaluación.
“Este es un asunto muy delicado, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cuando están frente a un hecho que revista características de delito. No solamente en este caso, es una función sensible que tiene que ver con que los funcionarios tienen el deber de garantizar que no haya un mal uso de recursos, lo que no se contradice con cierta prudencia en el momento de recabar antecedentes», explicó.
«El Consejo de Defensa del Estado tardó dos meses en investigar los antecedentes para tomar una definición. Yo desconozco los antecedentes que tenía a la vista la subsecretaria, no los conozco, lo que puedo decir es que cualquier funcionario público que tiene responsabilidad la ejecuta, eso es lo que se espera, con cierta prudencia”, argumentó.
PROCULTURA
Respecto de su rol como exsubsecretario de Desarrollo Regional en relación con un cuestionado programa subejecutado por la fundación ProCultura en Antofagasta para la «Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica», dijo que firmar era lo que procedía tras la evaluación técnica. “Si yo no hubiera firmado habría estado en falta”, aseguró.
A su juico, hay una diferencia de este caso con lo ocurrido entre el Minvu y Democracia Viva.
“Mi exposición no tiene que ver con esta fundación, tiene que ver con defender un procedimiento”, dijo, detallando que la entidad cuestionada está ejecutando proyectos desde 2009 y se vincula con la región desde antes de que asumiera Ricardo Díaz como gobernador, durante el gobierno de Sebastián Piñera, a través de la Intendencia de Antofagasta.
