Cuentas de luz: Guía para entender el alza y cómo se aplicará
En julio se lanzará el nuevo pliego tarifario de generación y distribución eléctrica, anticipando incrementos significativos en las facturas de electricidad. Según estimaciones del Ejecutivo, los aumentos podrían alcanzar hasta un 30% el próximo mes y superar el 50% en el siguiente año. Actualmente, el foco del debate gira en torno a la propuesta de ampliar el subsidio, el cual hasta ahora está destinado al 40% de los hogares más vulnerables del país.
Se prevé que las facturas empiecen a emitirse la primera semana de agosto en el sector privado, con plazo de pago hasta finales de septiembre. Además, se anticipa que el subsidio para las familias vulnerables se entregue en la primera semana de octubre, justo antes de las elecciones municipales y de gobernadores programadas para el 27 de ese mes.
El Ejecutivo se encuentra bajo presión del ámbito político para presentar alternativas que mejoren o aumenten el subsidio existente, ante la inminente subida de tarifas.
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¿Pero por qué habrán alzas en las cuentas de la luz?
Todo comenzó en noviembre de 2019, durante las protestas y el estallido social. En ese momento, el Gobierno de Sebastián Piñera aprobó la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para contrarrestar el aumento proyectado del 9,2% en las cuentas de luz.
Las tarifas eléctricas están reguladas y fijadas por la Autoridad, por lo que las variaciones no dependen de decisiones de las empresas distribuidoras eléctricas, quienes solo están encargadas de aplicarlas. En medio de presiones derivadas de la violencia en las calles, el Congreso actuó rápidamente y aprobó la reforma. Se estableció el «Mecanismo de Precios Estabilizados al Cliente», conocido como PEC 1.
Este mecanismo permitió al Estado acumular una deuda máxima de US$ 1.350 millones con las compañías del sector eléctrico, a pagar entre 2025 y 2027. Además, el congelamiento de precios se extendió hasta diciembre de 2020. Las empresas de generación eléctrica debieron cubrir la diferencia entre la facturación del precio estabilizado y el precio que debía aplicarse según los contratos de suministro de energía, firmados en el segundo semestre de 2018.
El 70% de la factura que pagan los clientes corresponde al costo de la energía producida por las empresas generadoras eléctricas. El 20% se destina a distribución y el 10% a transmisión. El 21 de diciembre de 2019 se promulgó una segunda normativa que redujo la rentabilidad de las compañías distribuidoras y mantuvo constante el Valor Agregado de Distribución (VAD).
Primeras complicaciones
El costo de la energía experimentó un significativo aumento debido a las variaciones en el precio del dólar, el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento en los costos de los combustibles.
La situación se complicó considerablemente debido a la pandemia del Covid-19. La guerra en Ucrania también tuvo un impacto importante, afectando los precios del carbón y el Gas Natural Licuado (GNL).
El límite de US$ 1.350 millones establecido se alcanzó rápidamente y los nuevos precios de la energía exigieron condiciones adicionales.
¿Qué pasó en el gobierno de Boric?
A solo dos meses de haber asumido en La Moneda, el gobierno del Presidente Boric introdujo la nueva ley PEC 2, que extendió el congelamiento de las tarifas eléctricas. Además, se estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2032 para saldar completamente la deuda, con un tope máximo de US$ 5.500 millones. De esta manera, se creó el Fondo de Estabilización de Tarifas.
Factores tanto externos como internos, como el aumento del precio del dólar, solo contribuyeron a incrementar la deuda.
Pagar las cuentas de la luz
Ahora, el congelamiento de tarifas eléctricas ha llegado a su fin. La deuda acumulada asciende a casi US$ 6.000 millones, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde al período del Gobierno anterior y la otra mitad al actual, según estimaciones del Ejecutivo.
Como medida para compensar este aumento, el Gobierno ha propuesto un subsidio focalizado dirigido al 40% más vulnerable de la población, lo que equivale a cerca de 1,5 millones de familias.
Gobierno rodeado
Ante las presiones políticas al Ejecutivo para frenar las alzas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió tajantemente este martes que no hay recursos para aumentar el subsidio.
“Solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy día no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna. Si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”, dijo en La Moneda.
En la industria eléctrica consideran que sería irresponsable no resolver este asunto antes del 5 de julio, cuando está programado el primer aumento. El Presidente Boric ha optado por no descartar un aumento en el subsidio y actualmente está evaluando diversas alternativas.
Soluciones en la mesa
En la industria eléctrica consideran que el subsidio es una solución adecuada para las familias vulnerables, siempre y cuando no haya un aumento desmedido en el consumo por parte de estas familias. Sin embargo, creen que el financiamiento de este subsidio debe estar respaldado por una solución fiscal. Argumentan que es responsabilidad del Gobierno asumir este financiamiento, ya que no se les puede seguir pidiendo a las empresas que financien políticas públicas.
En el sector eléctrico aseguran que las soluciones están sobre la mesa. El lunes, se recomendó al Ministerio de Hacienda evaluar la creación de un fondo soberano o revisar reasignaciones de partidas presupuestarias. También se sugirió estudiar la posibilidad de una exención del IVA durante un año y medio.
En el oficialismo, también han presentado propuestas concretas y han instado al Gobierno a evitar que las personas enfrenten un aumento significativo. Se está analizando un mecanismo de compensación que podría financiar el subsidio mediante un incremento en el impuesto verde.
