La defensa del gobernador regional de Ñuble, Oscar Crisóstomo (PS), manifestó sus argumentos por los que, consideran, no debiese ser desaforado tras una investigación liderada por la Fiscalía por eventuales delitos de corrupción.
El Ministerio Público acusó a Crisóstomo de cohecho tras recibir $22 millones en 2019 para favorecer a una inmobiliaria que estaba postulando a un proyecto de viviendas rurales en la comuna.
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Su defensa, el abogado Enrique Aldunate, afirma que no se han entregado antecedentes que den demuestren los hechos de la denuncia que abrió este juicio.
Aldunate consideró que la Corte de Apelaciones debería rechazar el desafuero, puesto que no se han acreditado aún los delitos.
La Corte de Apelaciones de Chillán adelantó la sentencia del gobernador y será entregada el próximo 15 de octubre.
