El 22 de abril de 2024, Hernán Madariaga, vocero de la Corporación ProDefensaViña, expresó su descontento ante la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Valparaíso, instando a los seremis a rechazar el proyecto «Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa» de Reconsa, una empresa urbanizadora propiedad de las familias Soza Donoso, Cerda, Pérez Yoma y de Confuturo.
«Disculpen si he incomodado con la presentación, pero estoy muy incómodo con el hecho de que este proyecto esté en una instancia como esta, sobre todo en este gobierno que se dice ecológico», declaró Madariaga.
Gabriel Muñoz, abogado y representante de Duna Viva, también se manifestó enérgicamente: «Deben rechazar, porque jurídicamente es impresentable, inviable e ilegal el proyecto. ¡Esto es depredación, depredación, depredación! ¡Que no caiga sobre sus cabezas el hecho de que pueda haber nuevamente un socavón! ¡Que no quede en la historia que tuvieron la oportunidad de hacerlo!».
DELEGADA PRESIDENCIAL DE VALPARAÍSO
Minutos después, la delegada presidencial Sofía González y todos los seremis votaron en contra del proyecto, incluso aquellos que inicialmente lo habían apoyado, así como los que se abstuvieron o no emitieron opinión durante la evaluación.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mantuvo su apoyo al proyecto. Actualmente, esta sesión y otros antecedentes están bajo investigación por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Esto se debe a que Reconsa presentó una denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa, argumentando que la votación carecía de fundamento legal y técnico, y contradecía el Informe Consolidado de Evaluación que recomendaba la aprobación del proyecto por cumplir con la normativa ambiental vigente.
PROYECTO
El proyecto contaba con un Informe Consolidado de Evaluación que lo respaldaba conforme a las normativas ambientales aplicables. A pesar de contar con apoyos favorables de seremis de Medio Ambiente, Salud, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Transportes, los seremis de Minería y Agricultura se abstuvieron, y los de Energía y Desarrollo Social no emitieron opinión.
Este caso recuerda al precedente ocurrido con Fundamenta y su proyecto Eco Egaña de Ñuñoa, donde un grupo de seremis decidió rechazar la iniciativa a través de mensajes de WhatsApp, lo que llevó a una querella por prevaricación.
Reconsa inició gestiones en 2017 para urbanizar una zona fuera del Santuario de la Naturaleza, un área urbanizada desde los años ochenta. La empresa es copropietaria, junto con Inmobiliaria Montemar, de un terreno ubicado en Las Pimpinelas Nº765, entre Concón y Viña del Mar, a solo 73,3 metros del límite del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón.
REGULACIONES AMBIENTALES
A pesar de los esfuerzos por cumplir con las regulaciones ambientales y obtener los permisos necesarios, el proyecto fue rechazado. Esto podría resultar en una multa considerable por no cumplir con las condiciones del Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
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La empresa argumentó que el rechazo es una vulneración del ordenamiento jurídico y del proceso de evaluación ambiental, considerando que se trata de obras menores prácticamente completadas. Solicitaron una investigación exhaustiva sobre la actuación de las autoridades, asesorados por Mario Galindo, socio de VGC Abogados.
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
En la sesión, el seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, destacó la fragilidad del ecosistema dunar frente a los impactos humanos, evidenciado por la canalización de aguas lluvias y la formación de socavones en meses anteriores.
Además, el seremi de Transportes, Edgardo Piqué, mencionó la ausencia de un informe de mitigación de impacto vial en el proyecto, un requisito crucial para la planificación urbana como un loteo.
SEREMI DE ECONOMÍA
Lorena Cofré, seremi de Salud, y Marcelo Arredondo, seremi de Economía, también expresaron su rechazo al proyecto, mientras que la directora del SEA intervino para asegurar que los votos de rechazo estaban debidamente fundamentados.
Desde la Delegación Presidencial de Valparaíso se indicó que, tras la apelación presentada, el proceso continúa en manos del Comité de Ministros, impidiendo que la instancia regional vuelva a pronunciarse sobre el caso.
