Una nueva polémica azota a Santiago 2023. Este lunes, el equipo que encabeza Harold Mayne-Nicholls interpuso una querella dirigida a los responsables del mal uso de recursos en el convenio pactado con Copec.
Ya en más de tres meses de realizarse con éxito los juegos Panamericanos y Parapanamericanos su ente organizador se encuentra con nuevos problemas.
Esta vez vinculados a los más de 700 vehículos dispuestos para el encuentro.
La Corporación Santiago 2023 continúa realizando balances y cuadrando números tras la histórica cita.
Precisamente, realizando ese ejercicio, la entidad se encontró con algunas sorpresas no gratas de enfrentar.
Más de lo presupuestado
Entre ellas una nueva que está relacionada con el convenio que tenía con Copec durante octubre, noviembre y diciembre.
El monto ascendía a US$ 700 mil en cargas de combustible ($ 575 millones).
El episodio quedó al descubierto, luego de que se detectara el mal uso de los vales de bencina asignados para el evento.
Así fue como en el informe de la compañía gasolinera arrojó que más de 150 patentes no inscritas realizaron cargas en sus estaciones de servicio.
De acuerdo a lo investigado, se estableció que para todas operaciones se utilizó la clave de una funcionaria vinculada a la corporación.
Esta persona prestó servicios hasta diciembre del año pasado.
De la manera formal
Con los antecedentes en la mano, el director ejecutivo Harold Mayne-Nicholls decidió interponer una querella por estafa y otras defraudaciones contra particulares.
El trámite legal lo realizó en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, un procedimiento que se realizó el lunes pasado con el patrocinio del abogado José Bernardo Rivera.
La sospecha de la entidad apunta a que exfuncionarios pudieron haber generado un importante beneficio económico a partir del uso malicioso del convenio.
Eso sí, dentro del organismo está la tranquilidad que no hubo defraudación de dineros estatales ni tampoco se excedió en los montos del canje.
Sin embargo, la idea es no dejar impune un delito generado por el mal uso de este beneficio de una o más personas que se desempeñaron ahí.
En búsqueda de la claridad
Harold Mayne-Nicholls explicó a El Deportivo las razones por las que decidieron querellarse.
“Hay un tema, evidentemente, llamémoslo legal», señala el director ejecutivo en relación a honrar el convenio y el apoyo de Copec.
«Pero más que eso es un tema de clase moral que también tenemos nosotros la obligación de cumplirlo”.
“Ellos nos apoyaron mucho y obviamente también tenemos que cuidarles la imagen a ellos”, añade.
“Esta situación la detectamos cuando empezamos a recoger la información», expresó.
«Ahí nos saltó la cantidad de autos. Nosotros teníamos casi 700 autos y, pucha, ahí aparecieron como 850», añadió preocupado.
Una alta cifra
«Entonces, ahí le fuimos pidiendo más información a Copec y encontramos con que había adulteración», relató la autoridad.
«Prácticamente el 20%, unos 50 y algo millones de pesos, habían sido gastados por alguien que no pertenecía aquí a la corporación”, explica.
“La decisión la tomo yo y ya fue informada obviamente el directorio».
Explicó además que: «Esta es una decisión que el cargo mío, por decirlo así, me obliga a tomar»
«Esto porque en una cosa de este tipo están involucrados bienes de la sociedad y debo informar al directorio obviamente qué es lo que se hizo respecto de eso”, añade.
«Identidad conocida»
En cuanto a los responsables, Mayne-Nicholls afirma que en la denuncia se informa sobre las personas a cargo, pero no apuntan directamente a alguna.
“Contamos quiénes eran las personas, pero no podríamos decir, ‘esta es la persona que tiene la responsabilidad’ adelantó.
«Nosotros decimos quién es la persona que estaba encargada»
«Pero no tenemos cómo decir que esta persona es la que cometió esta infracción, o este delito, llámalo como quieras», dijo.
Para terminar señaló, «eso nosotros no tenemos cómo. asegurarlo. Por eso es que queremos que lo investigue la justicia”, sentencia.
