Deportes Santa Cruz decidió dar un paso más en la batalla legal contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). El club ingresó una demanda por indemnización de perjuicios ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando una compensación de 32.117 UF —alrededor de $1.255 millones— por concepto de daño emergente tras haberse visto forzado a pagar la controvertida «cuota de incorporación» para ascender a Primera B.
La acción legal se sustenta en un ilícito anticompetitivo por el que la ANFP ya fue condenada tanto por el TDLC como por la Corte Suprema, lo que convierte esta demanda en una típica “acción de follow-on”, basada en hechos ya acreditados judicialmente.
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COBRO IMPUESTO
El eje del conflicto gira en torno a la cuota impuesta por la ANFP en 2011, que obligaba a los clubes que ascendían desde la Segunda División a pagar inicialmente 50.000 UF, reducida a 24.000 UF en 2017. Quienes no cumplían, simplemente no podían competir en la categoría superior.
Deportes Santa Cruz, fundado en 1913 y convertido en SADP en 2014, ascendió a Primera B en 2018 y tuvo que abonar dicha cuota en 2019. 12.000 UF al contado y las otras 12.000 UF descontadas de los ingresos televisivos. Para cubrir el pago inicial, debió recurrir a un crédito de 25.137 UF, cuyos intereses —según se detalla en la demanda— ya superan las 6.200 UF y podrían alcanzar las 8.117 UF en total hasta 2029.
DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación en 2019 que culminó con una sentencia categórica del TDLC en 2020. La cuota de incorporación fue declarada una barrera de entrada contraria a la libre competencia. El tribunal ordenó cesar su cobro y sancionó a la ANFP con 3.145 Unidades Tributarias Anuales. La Corte Suprema confirmó la ilegalidad en 2021, rechazando todos los recursos de la ANFP.
Aunque Santa Cruz no participó en ese juicio —ya que cuando se instauró la cuota aún era un club amateur—, asegura haber sufrido un perjuicio económico directo, por lo que exige ser resarcido. En su demanda afirma que incluso dirigentes de la ANFP han reconocido informalmente la deuda, aunque sin cumplir con la restitución.
DAÑO EMERGENTE
La demanda se basa en la figura de responsabilidad extracontractual por conducta anticompetitiva. Aunque también plantea como argumento subsidiario el enriquecimiento sin causa y el pago de lo no debido. Santa Cruz sostiene que la ANFP se benefició ilegalmente a su costa.
El club exige no solo la devolución íntegra de las 24.000 UF pagadas. También el total de intereses asociados al crédito que se vio forzado a solicitar para cumplir con esa exigencia. Además, pide que se condene a la ANFP al pago de las costas del juicio.
La acción busca que el TDLC tramite la causa bajo un procedimiento sumario, dada la existencia previa de sentencias firmes que acreditan la ilegalidad del cobro.
