El Presidente dejó en evidencia que el fútbol chileno no puede seguir esquivando su parte: en su última Cuenta Pública, instó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y a los clubes a cumplir con las obligaciones legales en materia de seguridad. Tras señalar que el Estado ya realiza esfuerzos para garantizar eventos seguros, reclamó que la federación “no asume las responsabilidades que le impone la ley” y advirtió que, con la nueva Ley de Seguridad Privada que entra en vigor en noviembre, habrá sanciones más duras para quienes incumplan.
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EL TRANSFONDO DE LA EXIGENCIA PRESIDENCIAL
En los últimos tres años, el tema de la seguridad en los estadios ha sido recurrente en medios y parlamentos. El propio Sifup (Sindicato de Futbolistas Profesionales) denunció en marzo de 2025 que la federación enfrentaba una “grave crisis” por actos violentos en recintos nacionales y suspendió 12 partidos en plena temporada. Según informes de “Estadio Seguro”, el Monumental de Colo Colo y el Nacional de la U presentaron fallas de control de acceso, personal insuficiente y cámaras inoperativas durante la temporada 2023, agravando el riesgo para fanáticos y futbolistas.
Para el presidente Boric, ese escenario no solo exige coordinación: demanda “responsabilidades que le impone la ley”. Desde 1997, la Ley 19.327 obliga a quienes organizan espectáculos deportivos a garantizar la seguridad de los asistentes y a responder civil y penalmente ante cualquier incidente (Ley 19.327). Boric recordó que, mientras el Estado invierte en protocolos y refuerza a Carabineros, la ANFP y los clubes no muestran la misma diligencia para prevenir tragedias.
EL CASO COLO COLO VS FORTALEZA: LA CHISPA DE LA INDIGNACIÓN
El punto de quiebre ocurrió el 10 de abril de 2025 en el Estadio Monumental, cuando los hinchas intentaron entrar masivamente por Casa Alba. Dos menores —una joven de 18 años y un niño de 13— fallecieron tras ser atropellados en una estampida o por maniobras de un carro policial, según indaga el Ministerio Público. Dicha jornada concluyó con hinchas invadiendo la cancha y la suspensión del duelo contra Fortaleza.
Investigaciones preliminares apuntan a:
- Desborde en los accesos por control deficiente de entradas y carencias en vigilancia.
- Posible actuación indebida de Carabineros, cuyas órdenes de uso de fuerza están bajo revisión.
- Inacción de la ANFP, cuya área de Seguridad no alertó con antelación sobre la magnitud del aforo ni exigió protocolos actualizados a Colo Colo.
Ese hecho situó al presidente Boric en el centro del debate: el Mandatario afirmó que “los clubes y su federación son responsables de privar a las familias de la alegría del fútbol” si no respetan las obligaciones legales.
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD
Con la Ley de Seguridad Privada vigente desde noviembre de 2025, los organizadores de eventos deportivos deberán contratar empresas de seguridad debidamente acreditadas, presentar planes de contingencia ante el Ministerio de Seguridad y reportar incidentes en máximo 24 horas. El presidente enfatizó que las nuevas atribuciones ministeriales facultarán a la autoridad para:
- Fiscalizar estadios y supervisar contratos de seguridad privada.
- Sancionar con multas que superan las 1 500 UTM (cerca de 100 millones de pesos) a quienes incumplan.
- Clausurar recintos o inhabilitar espectáculos si detectan fallas graves.
En esa misma línea, el discurso presidencial reclamó la agilización de los proyectos de reforma a la Ley 19.327, que endurecen sanciones a dirigentes y obligan al registro nacional de hinchas, con el fin de identificar y expulsar de por vida a barristas violentos.
REACCIONES DE LA ANFP Y LA INDUSTRIA DEL FÚTBOL
La ANFP no ha emitido una respuesta oficial tras el llamado del presidente en la Cuenta Pública. Hasta ahora, no se han registrado reuniones públicas con autoridades del Gobierno o con Carabineros posteriores al caso Colo Colo vs. Fortaleza. A pesar de esto, existen antecedentes de encuentros anteriores —como las mesas de trabajo con Estadio Seguro durante 2024.
Mientras varios congresistas presionan para que la ANFP rinda cuentas en una sesión especial en el Congreso, el ex presidente de la federación, Sergio Jadue, advirtió ante la prensa que “no basta con exigir cambios; se necesita inversión real en cámaras, señalización y capacitación de los trabajadores de seguridad”
El ultimátum presidencial marca un punto de inflexión: el fútbol chileno enfrenta una encrucijada entre adaptarse al nuevo marco legal —con multas, clausuras y registro de hinchas— o continuar arriesgando vidas y la integridad de sus hinchas. En una industria donde la pasión convive con la violencia, la exigencia del presidente ya no es retórica: el mes de noviembre traerá una ley que pondrá a prueba la disposición real de la ANFP y los clubes para cambiar de una vez por todas. Si cumplen, restablecerán la “fiesta deportiva” que tantas familias han perdido; si no, pagarán el alto costo de la inacción.
