Un escándalo ha sacudido al fútbol sudamericano esta semana, cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla denunció públicamente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por supuesta extorsión a empresarios del sector de la construcción en Paraguay.
Según la parlamentaria, Domínguez habría amenazado a los empresarios con recurrir a medidas judiciales y manipular jueces para frenar sus proyectos a cambio de pagos millonarios.
ACUSACIONES DE EXTORSIÓN
Durante su intervención en la Cámara Alta del Congreso, Amarilla reveló una denuncia que habría sido presentada por Carlos Guasti, CEO de la constructora Petra. Guasti acusó a Alejandro Domínguez de solicitarle la suma de 1.600.000 dólares a cambio de no obstaculizar el avance de sus obras, a pesar de que su empresa tenía todos los permisos necesarios.
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La senadora dejó claro que no solo Guasti está involucrado en esta denuncia. El gremio de la construcción también ha respaldado las acusaciones, aunque destacó que ninguno de los abogados del sector quiso representar a los denunciantes y que pocos medios se han atrevido a publicar la denuncia, a pesar de que fue destapada por el diario ABC Color hace 15 días.
CASO DE PETRA SIGNATURE
El caso de la paralización de la obra Petra Signature, un importante proyecto en Asunción, es uno de los ejemplos más claros de las acusaciones.
En febrero, la jueza Rossana Frutos ordenó la suspensión de las actividades de construcción, una decisión que Petra calificó como arbitraria. Se sospecha que la intervención de Domínguez en este caso está relacionada con sus intereses personales. Según algunos informes, él posee una propiedad vecina a la zona de la construcción.
PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO
La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) también ha alzado la voz, señalando que decisiones como la paralización de obras están afectando gravemente al sector.
La falta de un marco legal claro y la incertidumbre generada por medidas judiciales arbitrarias están retrasando proyectos y afectando la generación de empleo, un problema que afecta tanto a inversores como a trabajadores.
Capadei instó a las autoridades a revisar las políticas en el sector inmobiliario, buscando transparencia y seguridad jurídica para los desarrolladores.
“La falta de reglas predecibles y un entorno normativo estable repercuten negativamente en la inversión privada,” advirtió la cámara en un comunicado reciente.
La pelota ya está en su cancha Sr. Domínguez. pic.twitter.com/Kz24ebORxD
— Celeste Amarilla de Boccia (@CelesteSenadora) April 3, 2025
