El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este miércoles una orden ejecutiva que busca restringir la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas femeninas.
La medida, titulada “Keeping Men Out of Women’s Sports” ( Mantener a los hombres fuera del deporte femenino ), se basa en la interpretación de una ley que prohíbe la discriminación sexual en programas educativos con financiamiento federal.
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Durante la ceremonia de firma, Trump afirmó que con esta orden “la guerra contra el deporte femenino ha terminado”, destacando su compromiso con la protección de la competencia deportiva para mujeres cisgénero.
La orden otorga facultades a los departamentos de Justicia y Educación para garantizar que todas las entidades que reciben fondos federales cumplan con la nueva regulación, basada en el sexo asignado al nacer.
Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la medida “reafirma la promesa del Título IX” y exige acciones inmediatas contra instituciones y asociaciones deportivas que permitan la participación de mujeres trans en categorías femeninas o su acceso a vestuarios exclusivos para mujeres.
INTERPRETACIÓN DEL TÍTULO IX
El decreto también permite al Departamento de Educación sancionar a escuelas que no se alineen con esta interpretación del Título IX , lo que podría implicar la pérdida de financiamiento federal.
Además, la administración Trump ha anunciado reuniones con organizaciones deportivas privadas, donde se escucharán testimonios de atletas que han competido contra mujeres trans o han compartido vestuarios con ellas.
El anuncio coincidió con el Día Nacional de la Mujer y la Niña en el Deporte y es parte de una serie de medidas impulsadas por Trump enfocadas en restringir los derechos de la comunidad transgénero.
Durante su campaña, el mandatario promovió su postura con el lema “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos” , un mensaje que, según encuestas de AP VoteCast, ha encontrado respaldo en una parte significativa del electorado.
Grupos de derechos civiles han criticado la orden y se espera que enfrente desafíos legales, argumentando que podría violar derechos constitucionales y exceder la autoridad presidencial.
