Luego de que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados despachara a Sala el proyecto de ley que invalida la entrega de pensiones de gracia a personas condenadas o con antecedentes penales, la diputada del PC, María Candelaria Acevedo afirmó vulneraciones al derecho internacional.
En concreto la diputada afirmó que la reforma a la pensiones de gracia propuesta «vulnera una serie de tratados internacionales a los que está suscrito el país en materia de Derechos Humanos».
«Ateniendo mi trayectoria de más de 40 años de trabajo en la materia, analizaré llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, así como también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de ser necesario», advirtió la parlamentaria del PC.
Ya que, según Acevedo, «no se puede quitar las pensiones de gracia a quienes sus derechos fundamentales fueron vulnerados por agentes del Estado, tal como pasó en la dictadura».
«Acá no estamos hablando de delincuentes como se ha querido establecer por parte de la derecha, hablamos de chilenos y chilenas quienes vieron violados sus derechos humanos por agentes del Estado y a ellos se les debe reparar, tal como se comprometió este gobierno», agregó luego.
No obstante reconoció que quienes cometieron un delito, «deberán ser sancionados por ello, pero su pensión de gracia no debe ser cuestionada, dado que esa reparación va por un carril diferente», cerró.
PARTIDO SOCIALISTA
Por su parte, desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Melo, señaló que si bien es «legítima» la postura del PC, «se requiere avanzar en esta legislación».
En esa línea, «me parece correcto que el Ejecutivo plantee una nueva propuesta sobre pensiones de gracia, que sea integral y complemente la visión parcial que la derecha impuso en la Comisión de Desarrollo Social».
Respecto a la iniciativa de reforma en sí, Melo espera que «aumente los requisitos para ser otorgadas, se informe sobre los antecedentes penales de las personas y habilite al Presidente a revocar este tipo de beneficios cuando existan problemas de carácter penal».
