Por 86 votos a favor, 17 en contra y nueve abstenciones la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó las indicaciones del Senado al proyecto que prohíbe que el pago de deudas de arancel en la educación superior pueda ser condición para la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos.
El proyecto pertenece al diputado Luis Malla (PL) y también lo firmaron Alejandro Bernales (PL), Miguel Ángel Calisto (IND), Felipe Camaño (IND), Karen Medina (IND), Vlado Mirosevic (PL), Alejandra Placencia (PC), Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Sebastián Videla (IND).
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La iniciativa legal surge de la interpretación hecha por algunas universidades a la sanción establecida en el artículo 55 de la la Ley 21.091, de educación superior, que habla de «condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones» al pago de otros ítem distintos a los «aranceles previamente establecidos».
A juicio de esas casas de estudios, eso no solo se refiere a los derechos o tasas de titulación (estampillas y otros), sino que también incluyen la mensualidad o costo anual del servicio educacional. Y por eso niegan la entrega de título, diplomas o certificaciones a los alumnos con deudas de arancel.
REEMPLAZO DE PALABRAS
En sus fundamentos para legislar sobre esta materia los diputados autores de la moción precisaron que, pese a que existen decisiones judiciales a favor de los estudiantes, en general los tribunales sostienen que esa prohibición solo opera en casos anteriores a la vigencia de la Ley 21.091, de 2018.
El Senado -cuyas modificaciones sancionan como infracción grave condicionar la rendición de exámenes a deudas de arancel- solo propuso reemplazar la expresión «otras evaluaciones» para precisar que esto aplica a rendir «exámenes de grado o titulación».
En su mayoría, los parlamentarios de diversos sectores coincidieron que este proyecto consagra el derecho a la educación, priorizando la capacidad académica y no el poder económico. A su vez, que la falta de dinero no puede significar que los estudiantes no puedan obtener sus títulos, publicó Cooperativa.
Por ello, reiteraron su respaldo al proyecto porque permitirá a los alumnos convertirse en profesionales y lograr así cumplir sus compromisos económicos.
Además, recalcaron que este cambio legal no significa que la casa de estudios no pueda cobrar las deudas de arancel con posterioridad.
