En el contexto de la polémica decisión del juez Daniel Urrutia, que autorizó videollamadas a reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, el diputado Matías Ramírez (PC) salió en defensa del magistrado.
El diputado Ramírez, indicó a Emol, que las acciones del juez Urrutia se enmarcan dentro de los derechos y normativas tanto nacionales como internacionales.
Argumentos del juez Daniel Urrutia
El juez Urrutia fundamentó su decisión en normativas de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y las Reglas Nelson Mandela. Señalando que estas acciones se recomiendan para «mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares (…) que previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento»
Por lo tanto, estas normativas recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares para los reclusos.
Según Urrutia, esta medida fue tomada tras analizar cada caso individualmente, prestando especial atención a aquellos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias.
Además, recordó que todos los reclusos son imputados y deben ser tratados conforme al principio de inocencia.
Opiniones sobre la decisión del juez
La decisión del juez beneficiaría a siete reclusos, incluyendo a miembros del Tren de Aragua y a los implicados en el crimen del cabo Daniel Palma.
Esta resolución ha sido calificada como «gravísima» por el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo militante del Partido Comunista.
En contraste, el diputado Matías Ramírez sostuvo que, en ausencia de una solicitud de incomunicación por parte del Ministerio Público, es adecuado permitir ciertas comunicaciones bajo el resguardo de Gendarmería.
Así también señaló que «cada resolución se dicta en consideración a los antecedentes del proceso y las alegaciones de los intervinientes; en ese contexto, no existiendo y no habiéndose solicitado por parte del Ministerio Público la incomunicación para los imputados, se determinó, bajo el resguardo de Gendarmería, dar lugar a ciertas comunicaciones con la red de apoyo de los imputados».
Por lo tanto, Ramírez enfatizó que cualquier nuevo antecedente debe discutirse en el tribunal competente y rechazó la idea de iniciar una persecución contra un magistrado por resolver una solicitud dentro del marco legal.
Además, criticó la propuesta de algunos parlamentarios de derecha de expulsar a un juez por sus resoluciones, calificando este hecho como propio de la cultura dictatorial de la derecha.
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