La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca regular el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República, con el objetivo de limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión.
La nueva normativa introduce varias disposiciones claves que establecerán controles más estrictos sobre estos beneficios. Con 94 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, el proyecto al ser objeto de indicaciones volverá a la comisión de Desarrollo Social de la Cámara.
Se opusieron o se abstuvieron los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista. Asimismo, hubo algunos diputados socialistas que no dieron su voto favorable como los parlamentarios Juan Santana y Jaime Naranjo.
La diputada Lorena Fries (CS) argumentó que «estamos de acuerdo en que hay que regular la discrecionalidad de las pensiones. Pero ese proyecto atenta contra las facultades del Presidente de establecer las pensiones de gracia. Y por eso mismo, en el Senado, el Gobierno presentó un proyecto que recoge muchas de estas cosas para que efectivamente pueda ir avanzando (…) en la confianza de que esto es regular las pensiones y no controvertir respecto del derecho a reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social».
Lea También: Mantienen arresto domiciliario para Cathy Barriga
Por otro lado, el diputado Francisco Undurraga (EVO) manifestó que «aquí el cuestionamiento no está dirigido hacia aquellos que legítimamente cumplen con los requisitos para recibir estas pensiones, si no hacia los delincuentes, abusadores sexuales, productores de pornografía infantil, narcotraficantes y otros individuos que han cometido delitos graves y que ahora, por desgracia presidencial, además reciben un subsidio mensual. Esto es francamente escandaloso y lo más preocupante es que el Gobierno parece no terminar de entenderlo».
Acusó que el Gobierno no participó de la tramitación en la comisión de Desarrollo Social, «presenté varias indicaciones que fueron incorporadas al proyecto y siempre he sostenido que estamos dispuestos a trabajar junto al Ejecutivo en temas de Estado. Pero no podemos permitir que la falta de interés del Gobierno obstaculice este proceso crucial para preservar la integridad de la política como una herramienta necesaria para el bienestar de las personas y por sobre todo para las personas honradas de bien, que son aporte para nuestra patria, para nuestro Chile», argumentó.
EL PROYECTO
Uno de los nuevos artículos del proyecto estipula que el beneficio no procederá si el peticionario ha sido condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito.
Además, se excluirá a quienes hayan cesado en un cargo público como consecuencia de una medida disciplinaria por faltas graves a la probidad administrativa.
También establece que las pensiones de gracia se otorgarán mediante decreto supremo fundado del Presidente de la República y deberán ser sometidas a la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
Copias de estos decretos serán remitidas a la Cámara de Diputados, la cual dará cuenta de los mismos, incluyendo la identificación de los beneficiarios, los montos y las causas que fundamentan el beneficio, sin proceder reserva alguna respecto de estos actos.
Adicionalmente, una Comisión Especial designada por el Presidente de la República lo asesorará en el estudio de las solicitudes de pensiones de gracia y las actas de las sesiones de esta comisión serán públicas, para garantizar así la transparencia en el proceso de evaluación.
Esta iniciativa también otorga al Presidente de la República la facultad de revocar las pensiones concedidas si el beneficiario ha dejado de poseer la calidad por la cual se otorgó el beneficio o si se verifica alguna de las circunstancias establecidas para perder el beneficio.
