Los legisladores del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, presentaron el proyecto «Ley Hermosilla» para acabar con la intromisión de abogados en el nombramiento de jueces y ministros del Poder Judicial.
Esta iniciativa surge después de la sesión de la comisión investigadora del conocido «Caso Hermosilla», donde se ha señalado la supuesta implicación del abogado Luis Hermosilla en la designación de diferentes magistrados, como Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esta propuesta legislativa aborda tres puntos esenciales: En primer lugar, busca prohibir de forma explícita que los juristas participen en el nombramiento de jueces; esto acarrearía sanciones monetarias, penales e inhabilitación profesional por un período de 10 años.
Además, se pretende vetar cualquier forma de cabildeo en el Poder Judicial. Se establecería la obligación de registrar cualquier aproximación a las autoridades encargadas del nombramiento de altos magistrados.
Por su parte, la diputada socialista, Daniella Cicardini, ha afirmado que, mediante este proyecto de ley, se establece que los abogados no pueden hacer recomendaciones de ningún tipo, ya que directamente se verían beneficiados.
La diputada también manifestó que :«nosotros establecemos que los abogados en ningún caso pueden hacer este tipo de recomendaciones porque sin duda se ven beneficiados directamente”.
Manoucherini continuó bajo esa misma línea: «se hace cargo de tres cosas fundamentales. Primero, que se prohíba expresamente que los abogados litigantes participen en el nombramiento de jueces con cualquier gestión, bajo pena de multa, bajo pena de cárcel y bajo pena de inhabilidad para ejercer la profesión por 10 años. Cualquier autoridad o persona que se acerque a una persona de gobierno que está a cargo de la designación de un alto magistrado tenga la obligación esa autoridad de ponerlo en un registro».
Este proyecto busca abordar el problema generado por la presunta corrupción de Hermosilla, pero también representa una oportunidad para que el poder legislativo reflexione profundamente sobre estas crisis.
En detalle, se plantea penalizar cualquier intento de influencia mediante reuniones o encuentros, con sanciones de hasta $2.607.280.
