El Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) tiene un presupuesto para concretar este año dos mil expulsiones de extranjeros, tanto judiciales como administrativas. Así lo aseguró su director, Luis Thayer.
En ese sentido, destacó el aumento de presupuesto que han recibido las policías y el propio organismo para este tipo de acciones.
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HAY QUE DETENER A DOS MIL PERSONAS
Thayer relevó en Cooperativa que «desde 2022 a la fecha, hemos dictado más de cuatro mil expulsiones y va creciendo día a día».
Sin ir más lejos, ayer se concretaron 42, con destino a Colombia, Bolivia, Ecuador y República Dominicana.
Añadió que ahora «tenemos presupuesto para comprar pasajes para dos mil expulsiones» y con eso materializar los dictámenes de los jueces.
Sin embargo, especificó, «la PDI, en este caso, debería detener a esas dos mil personas para expulsar».
A su juicio, emitir la acción es mucho más rápido que concretarla, ya que, como principal dificultad existe «detectar y detener a las personas, saber dónde están y que las policías puedan detenerlas para iniciar los procesos de materialización».
MECANISMO DE CONTROL
Luis Thayer explicó que «ya la ministra del Interior (Carolina Tohá) lo ha señalado, se está trabajando en una propuesta para establecer un mecanismo de control de las personas que tienen una expulsión administrativa dictada».
Agregó que «consideramos que es inaceptable que una persona que tiene una expulsión dictada no se presente ante la autoridad».
«Debe tener la obligación y por eso estamos trabajando en una propuesta legislativa para alguna de manera obligar a las personas para presentarse ante la autoridad», recalcó.
