Ediles analizan acusar a alcalde de Coronel tras informe de Contraloría.
La Contraloría realizó un duro informe, en el que apunta al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, como responsable de varias irregularidades.
Tras ello, se espera que en la próxima sesión del concejo municipal se analice el informe en cuestión.
Entre las irregularidades, se encuentra contratar a una amiga en el Departamento de Educación Municipal.
Quien es hermana de la directora de Desarrollo Comunitario, donde la funcionaria no desarrolló las labores.
INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA
La investigación realizada por el ente contralor, por irregularidades ocurridas en el DEM, duró alrededor de cuatro años.
Junto a la falta al principio de probidad, también se apunta al alcalde Chamorro de no asistir a declarar en la investigación, pese a ser citado en cinco oportunidades.
También es señalado por vulnerar un secreto de sumario.
En conversación con Biobío Chile, la concejala de derecha, Carmen Madinagoitía, señaló que Contraloría le dio la razón.
Esto, tras presentar los antecedentes sobre el cuestionado arribo de una amiga, quien es hermana de la jefa de Dideco.
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ABANDONO DE DEBERES
A través del ya mencionado medio, la concejala comunista, Valeska Carrillo, no descartó la presentación, junto a otros ediles, de una denuncia ante el Tribunal Electoral en contra del jefe comunal, «por notable abandono de deberes».
Por la misma vía, el concejal socialista, Ariel Durán, informó que espera que en la próxima sesión del concejo, el alcalde entregue explicaciones sobre su responsabilidad administrativa en los hechos denunciados.
Cabe recordar que, el ente contralor también propuso la sanción de multas en sus remuneraciones a:
Cristian Pinto, asesor jurídico; Claudio Rojas, ex administrador municipal y actual Subdere; Carlos González, director de Planificación; Víctor González, jefe de Contabilidad.
Junto con Orlando Torres, director de Administración y Finanzas, Paulina Rivera, jefa (s) del Departamento de Contabilidad y Benita Oliva, directora (s) de Control.
Todos por irregularidades al interior del Departamento de Educación y por negarse a declarar en la investigación.
