La situación de la Universidad San Sebastián (USS) generó un efecto dominó. Ahora, la senadora Yasna Provoste, junto a la comisión de Educación, oficiaron al Ministerio de Educación y pidieron el listado de las universidades que se encuentren siendo investigadas por lucro.
«Aprovechando la presencia del ministro –Nicolás Cataldo– y del subsecretario –Víctor Orellana–, quisiera solicitar que se pueda oficiar al Ministerio de Educación y, que también, el subsecretario de Educación Superior pudiese indicar cuántas instituciones de educación superior se encuentran siendo investigadas por lucro». Solicitaba la senadora por la región de Atacama.
Añade. «La transparencia en materia de educación superior es un elemento esencial para poder garantizar la calidad y la legitimidad de las instituciones, además, de su implementación y regulación que existe al interior de las casa de estudio».
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Provoste, mencionó que la autonomía de las universidades no debe utilizarse como un escudo para seguir generando «opacidad» en las instituciones de educación superior.
Bajo lo mismo, puntualizó que esta medida se hace para «saber cuántas instituciones están siendo investigadas por lucro y que se pueda ver en esta comisión todos los balances de las casas de estudio privadas; y, particularmente, aquellas que han estado en la palestra pública, en particular la Universidad San Sebastián».
Adicionalmente, aseveró que se «debe señalar: cuáles son las investigaciones que se han iniciado por parte de la Superintendencia –de Educación–, cuáles son los recursos públicos que recibe la USS» y cuánto recibe por concepto de ‘donaciones’.
El caso de la USS
De acuerdo con el último estado financiero de la USS, en 2023 registró ingresos por más de $99 mil millones con cargo a recursos públicos, cerca del 30% corresponde a ingresos por Crédito con Aval del Estado y el resto por becas y fondos concursables.
En el detalle, las transferencias y pagos por servicios prestados a organismo públicos son una zona gris en sus balances.
Según los registros de Mercado Público, la Universidad San Sebastián, que hasta dos días atrás tenía a Andrés Chadwick como su presidente en la junta directiva, llegó a registrar más de $7 mil millones en órdenes de compra emitidas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Esto hizo que la universidad entrara entre los primeros 500 proveedores del Estado, en 2021.
De ese monto, unos $5,7 mil millones corresponden a órdenes de compra emitidas por la Subsecretaría de Educación, también emitidas durante el mismo periodo presidencial.
A eso, se suma que cinco contratos fueron firmados y más de $1,479 millones fueron transados durante la estadía de Marcela Cubillos como ministra de Educación, entre agosto de 2018 y febrero de 2020.
Los altos pagos, estaban justificados bajo la prestación de servicio de «cursos de formación para docentes y directivos», incluyendo un programa llamado «Directores Novel», que tenía como público objetivo a directores a cargo de establecimientos públicos.
Estas cifras, distas bastante de lo transferido en años anteriores. Entre 2016 y 2017, la subsecretaría emitió órdenes de compra por un total de $9 millones y $144 millones para la Universidad San Sebastián.
