El Gobierno presentó indicaciones para modificar dos aspectos del reglamento para la entrega de pensiones de gracia a víctimas de represión durante el estallido social.
El primero es “tener a la vista antecedentes penales que antes no se tenían” y el segundo se vincula con la posibilidad de quitar los beneficios a aquellas personas que cometan delitos, es decir, que pueda ser revocable, dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
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La secretaria de Estado explicó que la regulación que rige la entrega de pensiones de gracia “terminó de redactarse en enero de 2022″ y que “lo vamos a cambiar por los efectos que tiene”.
REGLAMENTO DE PIÑERA
Ya la semana pasada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había abordado la controversia.
Esto, luego que saliera a la luz que el ministerio del Interior timbró el decreto que otorgó la pensión de gracia a Adán Isaac Marcelo Castro Cifuentes, de 25 años, quien llevaba más de un año condenado por dos cargos de maltrato de obra a Carabineros.
La autoridad subrayó que Interior entregó el beneficio de la misma forma y con el mismo reglamento que durante la administración de Sebastián Piñera y reconoció que el procedimiento debía ser mejorado para evitar otorgarlo a personas con antecedentes penales.
En esa línea, apuntó a que “nos parece que la autoridad política tiene que tener la facultad legal, clara y explicita de revocar este beneficio si es que una persona ha incurrido en conductas, como por ejemplo la comisión de un delito o por ejemplo, la comisión de un crimen”.
La idea ahora fue reforzada por Vallejo: “antes se entregaban pensiones sin reparar en los antecedentes, y se exigían otros requisitos”.
Respecto de la revocabilidad, expresó que “el Ejecutivo ha llegado al convencimiento de que hay que modernizar la ley, hay que actualizarla aún más a propósito de estos hechos”.
