A pesar de algunas aprensiones del Gobierno, el Senado aprobó de forma casi unánime el proyecto que establece reglas sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las fuerzas de orden y seguridad y de las Fuerzas Armadas.
Su tramitación en particular continuará al regreso de la semana distrital. Esa será la instancia en que los legisladores podrán -hasta el 18 de julio- incorporar indicaciones.
El proyecto, que forma parte del «fast track» legislativo que impulsó el Ejecutivo en conjunto con ambas Cámaras del Congreso Nacional, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
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En el Senado la iniciativa tuvo 40 votos y tres abstenciones: Claudia Pascual, Daniel Núñez (ambos del PC) y Yasna Provoste (DC).
PREOCUPACIONES DEL GOBIERNO
La ministra del Interior, Carolina Tohá, consideró que el proyecto «ha madurado bien y es sólido». Sin embargo, advirtió, «hay algunas materias que el Senado debería mirar con atención».
Entre ellas figuran la «eliminación del principio de proporcionalidad» y que «se limitó la posibilidad de reglamentar las reglas del uso de la fuerza en procedimientos policiales específicos».
«Nos preocupa la manera en que quedó resuelto el listado de reglas de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo planteó nueve, en el proyecto del Senado eran ocho y en la Cámara finalmente se aprobaron tres», detalló.
Además, agregó, «la gradualidad desapareció».
«Hoy las Fuerzas Armadas tienen armas no letales que deben ser normadas en su uso», enfatizó Tohá.
La ministra también planteó planteó que «las presunciones de inocencia, como las teníamos nosotros, eran exenciones de responsabilidad y se transformaron en presunciones de inocencia».
JUSTICIA MILITAR
La diputada Claudia Pascual (PC) enumeró una serie de observaciones que, a su juicio, se deberían incorporar en la normativa.
Entre ellas destacó agregar la prohibición de apuntar al rostro o al torso para la detención.
En lo que respecta a la justicia militar advirtió que «cualquier institución que se autoregula, se autoinvestiga y se autosanciona, tiene muchas más posibilidades de caer en arbitrariedades o situaciones sin ningún control»´.
Por lo mismo, dijo, sería «improcedente» avanzar en esta línea.
Por el contrario, la senadora republicana Carmen Gloria Aravena comprometió indicaciones para incorporar la «justicia especializada o justicia militar».
Esto, porque esa indicación fue rechazada en la Cámara de Diputados.
«Queremos unas reglas del uso de la fuerza fortalecidas que cumplan con los derechos humanos establecidos», sostuvo.
Coincidió en esto el senador Rojo Edwards (PSC), que dijo que «en el resguardo de fronteras y en Estado de Excepción se requiere la justicia militar».
Por el contrario, el senador demócrata Matías Walker enfatizó que «los delitos cometidos contra civiles tienen que ser juzgados por la justicia civil y no hay nada que deba alterar ese principio, lo cual es absolutamente consistente con la protección de las Fuerzas Armadas y la policía».
