En Perú extienden periodo de detención preventiva a expresidente Pedro Castillo
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anunció la extensión del período de detención preventiva contra el depuesto presidente Pedro Castillo Terrones, relacionado con las investigaciones por el delito de rebelión.
Las acusaciones contra Castillo comenzaron después de su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, que incluyó la disolución del Congreso y la reforma del sistema judicial, con el objetivo de evitar investigaciones de corrupción.
El magistrado Juan Carlos Checkley, responsable del Juzgado Supremo, dictaminó que la detención preventiva de Castillo Terrones se extenderá por 14 meses más, para continuar con las investigaciones que están en la etapa preparatoria, también conocida como la etapa intermedia del proceso.
Solicitud de la Fiscalía
La extensión de la detención preventiva es una respuesta a la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dirigida por Galinka Meza, quien pidió la prolongación el 3 de junio.
Castillo fue inicialmente encarcelado después de ser capturado en flagrancia por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y delitos contra la paz pública.
Originalmente, la detención preventiva se estableció por 36 meses, pero expiró el 6 de junio, lo que llevó a la fiscalía a solicitar una extensión de 18 meses.
Sin embargo, con la decisión de Checkley, la medida cautelar ahora se extiende desde el 7 de junio de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025, cuando se espera que la Fiscalía Suprema complete las investigaciones y proceda a la siguiente fase, la etapa de acusación.
Riesgo de fuga
Es importante señalar que, aunque esta extensión permite que las investigaciones continúen, incluso si Checkley no hubiera accedido, Castillo no sería liberado debido a una orden de detención preventiva adicional de 36 meses que restringe su libertad al menos hasta finales de 2026, esta vez por acusaciones de presunto delito de organización criminal, donde se le identifica como líder.
La Fiscalía de la Nación justificó su solicitud argumentando que aún existe riesgo de fuga, evidenciado por visitas frecuentes de congresistas al penal de Barbadillo que “podrían facilitar la evasión de la justicia”, según el INPE; además de la situación de asilo de su familia en México, que no le permite establecer vínculos fuertes en el país, entre otros factores.
Durante la audiencia, la fiscalía también señaló que la defensa de Castillo Terrones había empleado tácticas dilatorias que complicaban el proceso.
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