Por 89 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca modificar las sanciones por usurpaciones de inmuebles y facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
Sin embargo, a raíz de que sufrió una serie de cambios durante su tramitación, al punto de ser calificada por el gobierno como una «aberración jurídica», que podría redundar en la «autotutela» y fomentar un escenario de violencia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el Ejecutivo decidió retirar la urgencia, para que hoy solo fuera votado en general y no en particular, a fin de que vuelva a la Comisión de Seguridad para el análisis de una indicación que resguarde a las familias que viven en campamentos.
El proyecto busca, por un lado, diferenciar las diversas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles, para así modificar la limitada sanción dispuesta en la ley -que actualmente es una multa-, y por otro, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos mediante una sanción eficaz, otorgándole carácter delictivo a la respectiva conducta, para lo cual se elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, con el propósito de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
A juicio de Tohá el debate en la Sala «ha mezclado situaciones muy distintas» y advirtió que «si no queremos hacer una embarrada monumental lo tenemos que discutir bien». Enfatizó que, como está el texto, «las personas pueden organizarse, armar un grupo, contratar unos tipos que vayan a pelear cuerpo a cuerpo por el terreno usurpado».
«Eso, el Gobierno no lo va a permitir, no se va a promulgar una ley en Chile que tenga esa norma, y tenemos múltiples herramientas constitucionales para hacerlo», afirmó.
ÁLGIDO DEBATE
El debate en el hemiciclo se paseó por la situación de los campamentos, la violencia en la Macrozona Sur, las “Tomas VIP” y el narcotráfico .
El diputado Gonzalo Winter (CS) sostuvo que «no estoy para tratar de criminales a quienes formaron La Pincoya, La Victoria, La Legua, la población Recabarren de Renca o La Bandera en San Ramón. No me asiste una idea más irresponsable que un legislador que promueve el enfrentamiento entre civiles como lo hace esta ley».
La jefa de bancada del Frente Amplio, Camila Rojas (Comunes), en tanto, dijo que «es improcedente que el Estado le diga a los ciudadanos que se tomen la justicia por sus propias manos. Creo que esto es lo mas grave de este proyecto de ley, se está dando un espacio amplio para la autotutela, lo que resulta peligroso no solo para la democracia si no que también para la seguridad de las personas. Si le decimos las personas que resuelvan los problemas como puedan ¿Para que sirve el Estado?».
Su par del Partido Comunista, Luis Cuello, argumentó que “este proyecto enfrenta con política criminal un problema social. Es un proyecto que es absolutamente desproporcionado (…) penaliza por igual conductas distintas (…) Lo más grave es que introduce mecanismos de autotutela que permite que los civiles empleen la fuerza y eso atenta contra el estado de derecho y pone en riesgo la seguridad de las familias que habitan los campamentos”.
La diputada Maite Orsini (RD), integrante de la comisión de Seguridad, argumentó que «el proyecto amplía tanto que mete en el mismo saco conductas que son graves y conductas que no deberían tener una sanción penal: No es lo mismo quitarle una casa a un adulto mayor y ocuparla para vender drogas a que un grupo de personas que el Estado le ha fallado -y con su legítimo derecho a un hogar- organizados en comités de vivienda, se tomen un terreno históricamente abandonado, esperando que le den una respuesta habitacional».
“Es necesario legislar respecto a las usurpaciones, pero no a costa de penalizar con cárcel a quienes viven en asentamientos informales por necesidad. No podemos criminalizar la pobreza”, agregó la parlamentaria.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Becker (RN), planteó que este proyecto «hace un poco de justicia frente a tanta violencia, dolor y la falta de un Estado justo para que todos puedan trabajar en sus tierras o en sus casa».
«¿Qué les parecería si yo voy y les tomo su casa con un grupo de personas? Así lo estamos viviendo nosotros a diario”, agregó.
El jefe de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, aseveró que «es fácil criticar la norma cuando no se vive con el susto que hay en la Macrozona Sur, cuando no se han tomado la parcela, la casa o el domicilio donde se vive».
«Personas no han podido acceder a sus viviendas porque los terrenos donde se van a construir las viviendas sociales están tomados. Muchos claman por el estado de hecho y el orden, muchos claman por reponer la seguridad en nuestro país y este proyecto avanza en esto», añadió.
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) llamó a sus colegas a “transitar por el camino de al medio, de la racionalidad”.
El parlamentario advirtió que es “una situación difícil” y expresó que “había un buen proyecto, razonable, que aumentaba la pena y se aumentaba la flagrancia para que carabineros pudiera hacer la intervención necesaria”.
Sin embargo, agregó, “en la derecha un senador se puso creativo y puso la legitima defensa privilegiada (…) habilitando a los ciudadanos a que sustituyan el rol del Estado en hacer justicia y nos puede llevar a un conflicto que podría ser una guerra civil en La Araucanía”.
