Enami y otras mineras impugnan su designación como empresas estratégicas
La Empresa Nacional de Minería (Enami) y otras nueve empresas del sector han presentado recursos judiciales en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por su designación como empresas estratégicas. Segun un reportaje del medio Interferencia la medida, establecida en decretos reservados, obliga a las mineras a contar con un servicio de vigilancia privada y un organismo de seguridad interno.
En noviembre de 2023, el Ministerio del Interior clasificó a 24 mineras de cobre como empresas estratégicas, incluyendo a Enami y sus plantas Delta, Manuel Antonio Matta, Osvaldo Martínez Carvajal, Vallenar, y la Fundición Hernán Videla Lira en Paipote.
La decisión se basó en informes que advertían sobre la susceptibilidad de estas instalaciones al robo de cobre.
Enami ha presentado tres reclamos ante la Corte de Apelaciones de Santiago buscando la anulación del decreto que la define como empresa estratégica.
La empresa argumenta, según Interferencia, que la designación es infundada y carece de motivación, ya que no se detallan las circunstancias que justifican su supuesta vulnerabilidad ni su importancia económica para el país.
Nivel de producción y operaciones no es significativa
Enami sostiene que el decreto del Ministerio del Interior se basa en informes confidenciales de Carabineros que señalan debilidades en sus instalaciones.
Sin embargo, la empresa argumenta que su nivel de producción y operaciones dista significativamente de la gran minería, y que rara vez es víctima de delitos.
Adicionalmente, Enami denuncia que el decreto no cuenta con la firma del Ministro de Defensa, un requisito legal indispensable.
La empresa solicita la anulación de la designación como empresa estratégica, con el fin de evitar la obligación de invertir en un plan de seguridad adicional.
Otras mineras, como Pampa Camarones y Atacama Kozan, también han presentado recursos judiciales, alegando que la designación como empresas estratégicas afecta sus derechos de propiedad y libertad de autoorganización.
Estos reclamos ponen en entredicho la medida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y su impacto en la industria minera del país.
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