Estado deberá indemnizar a marinos torturados en 1973.
El 21° Juzgado Civil de Santiago ordenó al fisco indemnizar a un grupo de marinos que fueron detenidos y sometidos a torturas en recintos de la Armada en Talcahuano y Valparaíso en 1973.
En concreto, deben pagar $610.000.000 por concepto de daño moral.
Cabe señalar que en la resolución, se explica que el juez Marcelo Rojas rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por el fisco.
Esto, tras determinar que los demandantes fueron «víctimas de un delito de lesa humanidad», que son «imprescriptibles tanto en sede penal como civil».
Junto con ello, se plantea que los marinos «han sido víctimas directas de un delito de lesa humanidad ocasionado por el actuar de agentes del Estado.
Tal como ha quedado establecido en el fundamento cuarto, circunstancia que se desprende especialmente de encontrarse ellos incluidos en la Nómina de Víctimas.
Estos hechos conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención ilegal, apremios ilegítimos y torturas sufridos por el demandante».
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CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Asimismo, se señala que la Convención Americana de Derechos Humanos consagra que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos está sujeta a reglas del Derecho Internacional.
Por ello, «estas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno.
Pues si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la violación de una norma de esta índole.
Con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación».
La resolución también recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos señala que cuando ha existido una violación a los DD.HH.:
El Estado infractor tiene la obligación de reparar con el pago «de una justa indemnización a la parte lesionada».
De ese modo, el fisco deberá pagar $50 millones a Wilibaldo Arestey.
Además, la suma de $70 millones a cada uno de los siguientes demandantes:
Maximiliano Domínguez, Aurelio Aravena, Silverio Lagos, Sergio Fuentes, Tomás Alonso, Mario Cordero, Tomás Matus y Óscar Estay.
