El próximo martes 9 de julio a las 12.00 horas es la fecha que fijó la Corte de Apelaciones de Temuco para la audiencia donde se discutirá la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra del diputado Mauricio Ojeda, investigado por la arista «caso manicure» en presuntos delitos de fraude al Fisco.
La acción judicial fue ingresada hace algunas semanas por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.
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En esta causa se indagan eventuales delitos de corrupción en los convenios por más de $700 millones entre el Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) y las fundaciones Folab y Educc.
En esta indagación ya fueron formalizados los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, quienes debían desarrollar proyectos con 200 mujeres jefas de hogar de las comunas de Temuco y Padre las Casas en peluquería, manicure y otros oficios.
LOS ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
La solicitud de desafuero del Ministerio Público detalla que actualmente investiga «varios hechos, presuntamente constitutivos de fraude al Fisco y otros delitos de corrupción pública, en relación con convenios celebrados entre el Gobierno Regional de La Araucanía y distintas fundaciones que no habrían ejecutado el objetivo de los convenios, generando así perjuicio fiscal y social de distinta naturaleza”.
“Entre los imputados investigados se encuentra el honorable diputado de la República don Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo, reuniéndose una gran cantidad de antecedentes que derivan en la decisión del Ministerio Público de formalizar la investigación respecto del citado parlamentario y requerir medidas cautelares”, agrega.
Es por es que solicita que el tribunal “autorice el desafuero del mismo, conforme con los antecedentes”.
AMIGOS
De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía, entre junio y agosto de 2022 el diputado Mauricio Ojeda se habría comunicado con Rinett Ortiz, directora y representante legal de Fundación Folab, quien le dijo que la ONG estaba con problemas económicos.
El parlamentario, en nombre de la amistad entre ambos, habría decidido ayudarla a través de aportes económicos propios y de terceros.
Con esa finalidad habría intervenido para que el GORE llegara a los convenios con la ONG, que ahora está investigada por mal uso de los recursos públicos asignados para realizar cursos de capacitación en spa y tratamientos de belleza.
