La comisión, presidida por el diputado Rubén Oyarzo, envió su informe final a la Fiscalía Nacional, sugiriendo la renuncia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez (FA), debido a su vinculación con la fundación y por «ser parte del círculo de implicados».
INFORME
En el informe se indica que la exmilitante de RD, ahora parte del Frente Amplio, trabajó en la organización como directora de Metodología en 2021, cuando aún no contaba con personalidad jurídica. Sin embargo, en una comparecencia ante los diputados, Pérez negó cualquier lazo con Democracia Viva y argumentó desconocer por qué se utilizó su nombre como directora, afirmando que solo actuó como consultora independiente.
La comisión considera: «El negar la relación con Democracia Viva, y por consiguiente, con quienes la integraban, solo por el hecho de no encontrarse esta constituida legalmente, resulta grave. La subsecretaria, si mantuvo relación y representó al proyecto de Democracia Viva, por lo cual debiese cesar en sus funciones como autoridad».
También señalaron:»Llama la atención, que a la fecha, el gobierno siga requiriendo de los servicios de personas que estuvieron directamente ligadas a Democracia Viva y de quienes aprobaron fondos para esta y otras instituciones, sin mayor cuestionamiento, como el caso del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el proyecto de ProCultura para pintar fachadas en Antofagasta, el cual fue aprobado por el GORE y validado por el subsecretario».
TRASPASO IRREGULAR DE RECURSOS
Entre las acusaciones del Ministerio Público contra el fundador de RD está la validación que realizó cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional de Antofagasta del convenio «Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica», a cargo de la Fundación ProCultura, que no tenía experiencia en esa área.
Además, se le investiga por su posible responsabilidad por omisión, al tener conocimiento de las irregularidades en Democracia Viva y no denunciarlas.
PRINCIPALES IMPLICADOS
Los principales implicados en el caso de los fondos, Daniel Andrade y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta que aprobó el convenio, se encuentran en arresto domiciliario y prisión preventiva, respectivamente.
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A más de un año de iniciada la investigación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decidió en junio ampliar el plazo de cierre de la investigación por 60 días a solicitud de la Fiscalía, para completar algunas diligencias pendientes.
