El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martín, recomendó que sea la justicia militar la que investigue la marcha de reclutas del Ejército ocurrida el 27 de abril en Putre -región de Arica y Parinacota- donde falleció el conscripto Franco Vargas, de 19 años, y otro 45 resultaron con un cuadro infeccioso, que en dos casos fue grave.
La segunda sala del máximo tribunal es la que tendrá que dirimir cuál es el sistema legal que finalmente se aplicará en esta causa.
Ello, porque hay una disputa entre la justicia militar y la civil.
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CUATRO PUNTOS
En un informe de quince páginas el fiscal Sáez planteó cuatro puntos para respaldar su recomendación.
El primero apunta a que “los eventuales responsables por los presuntos delitos tienen el carácter de militares”.
El segundo, consigna que “las presuntas víctimas o perjudicados por los hechos, tienen el carácter de militares”, de acuerdo con el Código de Justicia Militar.
El punto tres establece que «los hechos investigados en los autos que se tramitan en ambos tribunales sucedieron en tiempo de paz y ocurrieron en actos de servicio militar, conforme a la definición que de ellos hace el Código de Justicia Militar en el artículo 421, en relación al artículo 9 del mismo cuerpo legal”.
Y cuarto, “que, en virtud de lo expuesto en los numerales precedentes, tanto por las personas involucradas como por el contexto en que habrían sucedido, resulta irrelevante si la calificación jurídica que se haga de los hechos se refiere a delitos comunes o propiamente militares, en el entendido que los tipos delictivos son aquellos referidos en este informe”.
Como consecuencia, argumentó el fiscal, «la investigación de los hechos se trata de una materia que cae dentro de la esfera de conocimiento de los tribunales militares”. Más específicamente, el Sexto Juzgado Militar con asiento en Iquique.
LA CONTIENDA
La Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, de la IV División de Putre inició una marcha por el altiplano el sábado 27 de abril. Participaban 245 soldados. «Parte del entrenamiento», explicó el Ejército.
A poco andar el conscripto Franco Vargas murió.
El Ejército sostuvo desde ese día que los hechos debían ser investigados por la justicia militar
El 7 de mayo el Ministerio Público abrió una investigación, luego de recibir una denuncia por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un delito de apremios ilegítimos.
Al día siguiente, la Corte Suprema designó una ministra en visita, Jenny Book, presidenta de la Corte Marcial, para seguir el caso.
El 14 de mayo el Juzgado de Garantía de Arica decretó que sea la justicia civil la que investigue la campaña que terminó con un conscripto muerto y 45 enfermos de diversa consideración, al punto que seis fueron derivados hasta el Hospital de Arica y otros dos fueron trasladados hasta Santiago.
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Ahora la última palabra la tiene el máximo tribunal.
