«Son sistemas muy distintos» que «no pueden convivir». Así se refirió el fiscal nacional, Ángel Valencia, a que dos justicias, la civil y la militar, investiguen el caso de la fatal marcha de conscriptos realizada el 27 de abril en Putre, región de Arica y Parinacota.
Esto, porque ayer la Corte Suprema designó a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, para que lleve a cabo la investigación en la justicia militar.
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Sin embargo, el martes, el fiscal regional Mario Carrera informó que se abrió una investigación -a cargo del fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti-, tras una denuncia por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un delito de apremios ilegítimos.
«INCOMPATIBLE»
En entrevista con radio Universo, Valencia aseveró que una de las justicias debería quedarse a cargo.
«Yo no puedo estar investigando por los mismos hechos, a la misma persona, ocurridos en la misma época, con la misma calificación ante la justicia civil y la justicia militar. Eso es incompatible», explicó.
«Se va a trabar la defensa en alguna parte, ya sea en uno o en otro. Van a alegar que uno de esos tribunales es incompetente. Y puede trabarse lo que nosotros llamamos una contienda de competencias”, argumentó el fiscal nacional.
Aclaró, sin embargo, que también podría ocurrir que en haya ciertos “asuntos” que sean de competencia civil y otros de competencia militar.
Como ejemplo puso el caso del general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa Anita María Pinochet Ribbeck, donde ambas justicias operaron en sus competencias: una por gastos reservados y otra por lavado de activos ocurridos entre los años 2010 y 2016.
DISPUTA DE COMPETENCIA
En el caso de la marcha de los conscriptos, el fiscal Anatole Larrabeiti se encuentra analizando los antecedentes para resolver si entrega la causa a la justicia militar o inicia la disputa por ella, dijo Valencia.
“El fiscal está pidiendo el informe sobre el punto jurídico para los efectos de decidir si disputa o no esa competencia, porque hoy día ya hay una investigación iniciada, ya hay una ministra en visita designada. Y hay una opinión de la Corte Suprema que uno puede advertir está de manera implícita en esa designación”, expresó.
Él «tiene que decidir si abre o no esa diligencia y se disputa la competencia o envía los antecedentes a la justicia militar. El fiscal lo está analizando seriamente; lo está analizando jurídicamente y nosotros lo estamos apoyando. Y debería ser una decisión que va a tomar prontamente”, agregó.
El tema será resuelto por la Corte Suprema, la misma que ya designó a la ministra en visita para actuar bajo la justicia militar.
