Este miércoles, en el marco de las investigaciones por los incendios forestales del último verano, que provocaron la muerte de 17 personas, la Fiscalía del Biobío, en conjunto con Policía de Investigaciones (PDI) de la región, realizaron entradas, registros e incautaciones simultáneas en oficinas de empresas eléctricas en ocho comunas de Chile.
Es más, durante la tarde de esta jornada, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó la responsabilidad de las empresas en el inicio y propagación de los incendios.
“Las diligencias realizadas el día de hoy se refieren a tres hitos. El incendio que afecta al Fundo San José Grande, Comuna de Nacimiento, 29 de diciembre de 2022. El segundo es el incendio del 3 de febrero de 2023, que afecta a las comunas de Nacimiento y Santa Juana, donde lastimosamente mueren 17 personas. Hay personas lesionadas, hay viviendas quemadas, hay mucha propiedad afectada. Y el incendio que afecta en la Comuna de Arauco, en los sectores de Yico, Punta Lavapié, que también ocurren en esa misma fecha, 3 de febrero de 2023, donde al menos 80 familias pierden su primera y única vivienda”, precisó la persecutora.
“Se ha establecido en estas investigaciones, de manera científica, certera, pericial, por parte de la Policía de Investigaciones y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que los principios de ejecución en estos incendios se deben a accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión que, manejados en fajas que ustedes saben existen en los distintos terrenos, manejados en fajas o que corren por fajas que no tienen la mantención adecuada, son tocadas por especies arbóreas y efectivamente provocan chispas y, dada la sequedad del terreno, se producen los incendios”, agregó la fiscal Cartagena.
En la misma, la autoridad del Misterio Público detalló que “la Ley de Bosques establece que la responsabilidad de la mantención de esas fajas de terreno para evitar que las especies arbóreas toquen los cables de alta tensión y se produzca el efecto que, de manera muy simple estoy describiendo, esa responsabilidad es de las empresas eléctricas. En este caso, nosotros hemos realizado diligencias intrusivas entonces en dos empresas eléctricas, la empresa Coelcha y la empresa Frontel del grupo Saesa”.
