Este jueves, y luego de conocerse un informe de la Contraloría General de la República que revela anomalías en los convenios suscritos por la Fundación Daya con 13 municipios, el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, presentó ante el Ministerio Público una denuncia con estos antecedentes con el objetivo de que se investiguen eventuales delitos, tanto por parte de funcionarios públicos que estén involucrados, como por parte de trabajadores de la ONG.
Se trata de un acuerdo entre la mencionada fundación y 13 municipalidades del país, que implementaron el «Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico», sin embargo, la CGR detectó que «el laboratorio involucrado en la elaboración del fármaco no contaba con permiso del ISP», además de diversos «incumplimientos en los convenios».
Según el informe de la CGR, dichos convenios se suscribieron entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla.
Esto, para implementar el programa por un total de $423.426.000, de los cuales se entregaron $359.025.625 a la Fundación Daya. Sin embargo, la auditoría reveló que no existe certeza de que el laboratorio encargado tuviera la autorización del ISP durante los primeros años, además que 9 de los 13 municipios, no recibieron el fármaco acordado, entre otros incumplimientos.
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Los antecedentes serán enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE), decisión que -sostuvo Irarrázaval- «da cuenta que estamos frente a potenciales delitos y a defraudaciones al Estado que deben ser investigadas a fondo», de esta manera exigió tanto al Gobierno como a los municipios que «resguarden el patrimonio de todos los chilenos».
Se dirigió directamente a la diputada Ana María Gazmuri (AH) cuando solicitó que se ponga «a disposición de la justicia para determinar las responsabilidades que correspondan».
El republicano cuestionó que 13 municipios «fallen tan calcadamente en el desarrollo de estos convenios ¿Cómo puede ser posible que todas hayan entregado fondos para un fármaco que no tenía autorización del ISP? ¿Cómo puede ser posible que ninguna de estas municipalidades haya pedido se le reintegren sus recursos o no hayan presentado acciones judiciales para perseguirlos? Todo esto no es coincidencia, esos municipios solo tenían una cosa en común y era la Fundación Daya como contraparte, y eso es un indicio de corrupción que queremos que se investigue», discutió.
Según la misiva entregada, el legislador solicitó al Ministerio Público investigar eventuales conflictos de interés en la tramitación de leyes por parte de la diputada Gazmuri.
«Con estos antecedentes, queremos que se aprovechen de investigar los conflictos de interés de la legisladora Gazmuri en su ejercicio parlamentario, porque como ha salido en medios, y también en el debate parlamentario, la diputada Gazmuri, primero como lobista y luego directamente como parlamentaria, incidió activamente en la ley contra el crimen organizado, presentando indicaciones, votaciones separadas, integrando su comisión mixta y luego defendiéndola ante el TC, siendo que ella tiene intereses a través de una empresa relacionada llamada DayaCann, filial chilena de una transnacional de cannabis», concluyó.
