El lunes 14 de octubre se retomará la audiencia de formalización del retirado general Ricardo Yáñez y de los también exalto mandos de Carabineros Mario Rozas y Diego Olate.
Están imputados por su responsabilidad de mando en delitos omisivos de apremios ilegítimos durante el estallido social.
Hoy, tras finalizar la argumentación de la Fiscalía, el juez Cristián Sánchez decidió suspender la sesión. No hubo oposición de la defensa de los uniformados ni del Ministerio Público y las partes querellante.
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LA ARGUMENTACIÓN DE LA FISCALÍA
Durante la segunda jornada de formalización la fiscal Ximena Chong relató caso a caso las situaciones en que Carabineros habría infringido las normas de uso de la fuerza. Entregó el RUT de causa, jurisdicción, nombre de la víctima y cómo ocurrieron los hechos.
Al respecto, dijo que los uniformados usaban las armas y herramientas antidisturbios “sin resguardar una distancia segura”.
Durante su exposición por la formalización del general Yáñez y los también exaltos mandos de Carabineros Rozas y Olate, la fiscal Ximena Chong dijo que “los tres imputados tenían el deber de entregar lineamientos y dirigir a los funcionarios de Carabineros».
Esto, «para que cumplieran con su fin de control de orden público y, asimismo, tenían la obligación de supervigilar la adecuación de dichas acciones a las normas y a los protocolos vigentes”.
LESIONADOS
Agregó que estaban “en posición y contando con facultades suficientes para evitar o hacer cesar los apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes derivado del tantas veces mencionado uso abusivo de el armamento y la munición”.
“Sin embargo, la misión permanente en Chile ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra recoge que a dos meses del inicio de las manifestaciones sociales, es decir, al 18 de diciembre del 2019, se habrían atendido trece mil 46 personas en los servicios de atención de urgencia, de las cuales 641 requirieron hospitalización y 50 de ellas estuvieron en riesgo vital”, detalló Ximena Chong.
Desde Fiscalía entregan los detalles de las cifras de heridos diciendo que, “de acuerdo a información institucional, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 hubo cuatro mil 808 carabineros lesionados y mil 409 civiles lesionados”.
Eso significa, argumentó, que los ocho mil 238 restantes son civiles que fueron atendidos por lesiones sufridas en contexto de manifestaciones sólo hasta el mes de enero del año 2020.
CASO CAMPILLAI
El caso número 188 relatado fue el de la actual senadora Fabiola Campillai, ocurrido el martes 26 de noviembre de 2019, en San Bernardo.
El entonces capitán Patricio Javier Maturana Ojeda “hizo uso de la carabina lanzagases con munición 37 milímetros de forma directa a las personas de manera específicamente al cuerpo de los manifestantes sin el resguardo de la distancia”, explicó Chong.
En la intersección del pasaje Ángel Guido con Fermín Vivaceta llega una munición alcanzó a la ahora parlamentaria.
Según detalló la fiscal, “la víctima perdió la visión de ambos ojos debido al estallido de ambos globos oculares, ceguera total y lateral, presentando diversas fracturas de huesos de cara y cráneo que provocaron ceguera total y pérdida del sentido del olfato, además de secuelas físicas y estéticas notorias que generaron deformidad”.
Recalcó que “de no haber mediado socorros inmediatos y oportunos las lesiones sufridas por la víctima pudieron ocasionarle la muerte”.
El exoficial Patricio Maturana fue condenado a 12 años y 183 días de presidio por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
NINGUNA ACCIÓN
La fiscal Chong argumentó que todo lo mencionado tiene relación a “la ocurrencia masiva y reiterada de hechos constitutivos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Añadió que estas “fueron conocidas por los imputados a través de diferentes medios desde el día en que comenzaron las manifestaciones públicas”.
Acusó que ninguno, como Alto Mando, realizó acción alguna para impedir o cesar estos hechos.
Al momento de sus conclusiones en la formalización del general Yáñez y los también exaltos mandos de Carabineros Rozas y Olate, la fiscal Ximena Chong dijo que “para el período comprendido entre la semana del 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo del 2020, los imputados omitieron sus deberes de supervisión y control referidos al uso seguro de armamento anti-disturbios, escopetas anti-disturbios y carabina lanzagases y de munición menos letal, cartuchos de proyectil múltiple de 12 postas calibre 12 y cartuchos lacrimógenos calibre 37″.
En específico, aseguró que los imputados “tenían el deber de entregar lineamientos y dirigir a los funcionarios de Carabineros para que cumplieran con su fin de control de orden público».
Enfatizó que «tenían la obligación de supervigilar la adecuación de dichas acciones a las normas y a los protocolos vigentes”.
