Formulan cargos contra la U. Mayor por posible lucro.
La Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad Mayor, en el marco de una investigación por posible lucro.
A inicios de mes, una investigación de Ciper reveló que en 2022 el regulador abrió una investigación contra dicha universidad.
Esto, por una serie de operaciones financieras con sus subsidiarias Innova Learning Chile SpA y Sur Inversiones Inc.
Según el reportaje, en dichas acciones se buscaba traspasar recursos para la ejecución de Nexus University.
La cual fue creada por la propia Universidad Mayor en Miami el 2018 y cuyos dueños están relacionados con los controladores de la casa de estudios.
Esto podría transgredir la Ley 21.091, respecto a vínculos entre instituciones de educación sin fines de lucro y empresas relacionadas.
OFICIAR A LAS AUTORIDADES
Debido a esta situación, la diputada Gael Yeomans (CS) solicitó oficiar a las autoridades pertinentes.
Esto, con el fin de conocer el proceso de investigación que lleva a cabo la Superintendencia de Educación Superior en el caso de esta universidad.
Cabe señalar que la institución está adscrita a la gratuidad, por ende, recibe recursos públicos.
Según reveló La Tercera PM, la parlamentaria frenteamplista solicitó también que se informará si hay otras universidades que estén en una situación similar de posible lucro.
Además, cuántos recursos recibieron por concepto del sistema de gratuidad y cuántos por conceptos distintos al sistema de gratuidad.
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RESPUESTA DEL SUPERINTENDENTE
El oficio lo respondió el 18 de junio el superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, quien reveló la mencionada formulación de cargos.
«Se abrió un proceso sancionatorio en contra de la Universidad Mayor por infracción de la Ley 21.091, y se designó como instructor a un funcionario de la Superintendencia».
Junto con ello, en el escrito se reveló también que posteriormente, el 24 de mayo de 2024:
«El instructor del proceso formuló cuatro cargos a la Universidad Mayor, los que fueron notificados por carta certificada al rector de la institución (Patricio Manque) el 31 de mayo de 2024».
La casa de estudios se encuentra dentro del plazo de 20 días hábiles administrativos para presentar sus descargos o solicitar la apertura de un término probatorio.
Esta respuesta será recibida y revisada por el superintendente, quien propondrá la aplicación de sanciones o el sobreseimiento del caso.
Las sanciones posibles van desde una amonestación por escrito hasta multas de cerca de 657 millones de pesos e inhabilitación temporal para las autoridades académicas.
