Esta reunión se lleva a cabo en el marco de la audiencia de formalización que el Ministerio Público ha programado para el 7 de mayo contra la máxima autoridad de la policía uniformada.
Se le acusa de cometer delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el contexto del estallido social.
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El escrito fue presentado el martes 2 de enero por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. Además, solicitó la formalización del exgeneral director Mario Rozas y del exsubdirector de la institución, el general (R) Diego Olate.
GOBIERNO
A pesar de la solicitud de inhabilitar a Armendáriz por parte del líder de la policía uniformada a través de su abogado, el fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó la inhabilitación. Valencia argumentó una sobrecarga laboral del fiscal y reasignó la causa a otra instancia que investiga presuntas responsabilidades de altas autoridades en violaciones a los derechos humanos, conocida como “lesa humanidad”.
En relación con la posición del gobierno ante la situación del general Yáñez, varios ministros de Estado, incluida la portavoz Camila Vallejo, expresaron que se debe abordar con «cautela».
Vallejo destacó el trabajo coordinado con Carabineros y el general director, enfatizando que la solicitud de formalización es independiente del gobierno.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, subrayó la importancia de no perder la perspectiva sobre los eventos de octubre de 2019 y los meses subsiguientes, señalando la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante ese período.
