El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, abordó este domingo la arista lencería del Caso Convenios y afirmó que «los procesos que uno tiene para trabajar están hechos para hacerlo con gente decente, que no es delincuente, que no tiene ánimo de defraudar» y que frente a los hechos que han sido denunciados e investigados «en el proceso de evaluación que tuvimos, fallamos».
«En el proceso de acompañamiento también fallamos, fuimos débiles», agregó en conversación con Estado Nacional y, por lo mismo, detalló una serie de medidas como la aprobación de proyectos bajo la previa autorización del consejo regional, y la contratación de personal para mejorar procesos internos de auditoría y control para evitar que se vuelvan a repetir episodios irregulares.
Por otra parte, la autoridad penquista acusó que existe «un problema estructural» en la organización y en los procesos de control para un correcto funcionamiento de la entidad. «Los gobiernos regionales en Chile, ninguno tiene más de 200 personas trabajando. El nuestro tiene 181. Tenemos poca gente para revisar y supervisar proyectos», aseguró.
Y estimó que esta «debilidad», los obliga por ley a externalizar el trabajo: «No podemos contratar directamente, como lo hace una municipalidad, cada vez que se realiza un programa».
Por lo pronto, confirmó el término del contrato con la «Fundación En Ti», la realización del cobro de las boletas de garantía y «acciones civiles para perseguir, sobre los patrimonios de esas personas, toda la responsabilidad».
«Nos querellamos contra la ‘Fundación En Ti’ y todos los que sean responsables porque nos sentimos defraudados por esa gente», recalcó el gobernador.
