Los bloqueos de carreteras se concentran en el departamento central de Cochabamba, por donde pasan las principales vías que conectan el oriente y el occidente del país, siendo también el bastión político principal del exgobernante, el Gobierno de Luis Arce dice que los bloqueos son para acortar el mandato de Arce y que vuelva Evo Morales.
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«El mensaje que se está dando de quienes buscan seguir bloqueando (…) -es- acortar el mandato de nuestro presidente (y) dar un golpe no solo a nuestra economía sino a nuestra democracia», comentó la ministra María Prada.
«Estos bloqueos tienen un solo móvil: intentar defender la candidatura de Evo Morales», expresó la ministra de Luis Arce
EVO MORALES
La molestia de los seguidores de Morales se debe, además, a una sentencia del Constitucional a finales del año pasado, que establece que la reelección indefinida «no es un derecho humano» y se aplica «una única vez» en Bolivia, lo que impide que el exmandatario pueda postularse a la Presidencia en 2025.
Es importante recordar que Morales gobernó Bolivia en tres períodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).
Esta protesta ha causado la escasez de algunos productos esenciales y el aumento de precios en algunas regiones del país. Sectores como avicultores, lecheros y bananeros han afirmado que no pueden transportar sus productos a los mercados debido al riesgo de que se deterioren.
Al mismo tiempo, una comisión multipartidaria del Parlamento está trabajando para lograr consensos y aprobar una ley que convoque a elecciones judiciales.
DIÁLOGO
La ministra Prada señaló que al sector oficialista «evista», que respalda a Morales, no le interesa facilitar las elecciones judiciales, sino mantener el bloqueo con el objetivo de seguir perjudicando al pueblo.
«Afirmamos que ni Evo Morales ni algunos dirigentes muestran la más mínima intención de resolver este conflicto», añadió.
A pesar de esto, instó a los parlamentarios a llegar a un acuerdo para levantar las medidas de presión.
Prada detalló que durante los días de protestas se afectaron 197,000 pasajeros y que las pérdidas en el sector turístico boliviano ascienden a 64 millones de bolivianos (9.1 millones de dólares), entre otros perjuicios.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En diciembre pasado, los jueces del Tribunal Constitucional extendieron su mandato y el de los magistrados y consejeros de las principales cortes del país para evitar un «vacío de poder» hasta que se celebre una nueva elección judicial.
Esta medida provocó la protesta de los seguidores de Morales, quienes insisten en que los bloqueos de caminos no se levantarán hasta que los magistrados que prolongaron su mandato renuncien y se apruebe la ley que convoque a los comicios.
En la víspera, el Constitucional ordenó que el Parlamento «acate» la prórroga del mandato de los magistrados incluso antes de iniciar las negociaciones para aprobar la norma que convoca a las elecciones judiciales, lo que fue rechazado tanto por la oposición como por el ala «evista» del oficialismo.
Los comicios judiciales, programados para finales de 2023, no avanzaron debido al estancamiento en la preselección de candidatos en el Legislativo, que aún no logra consenso para convocar a un nuevo proceso.
