A la fecha hay más de 28 mil órdenes de expulsión administrativa de extranjeros pendientes, informó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), en la comisión investigadora sobre inteligencia y crimen organizado de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La secretaria de Estado recalcó que la cifra «no es de este Gobierno, es acumulado por la historia de la historia» y advirtió que «mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están» y que «no sabemos nada de ellos».
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Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de avanzar en una iniciativa para reforzar el control de estos inmigrantes mientras se ejecutan sus deportaciones.
RÉGIMEN MÁS ESTRICTO
«El país necesita dar pasos adicionales, y uno de ellos se va a dar en una modificación que el Ejecutivo va a proponer, que esperamos que el Congreso acoja, para tener un régimen más estricto para controlar a las personas que están con orden de expulsión y que ésta todavía no se ejecuta», dijo Tohá.
El proyecto fue ingresado hace un par de semanas a la Cámara Baja, y se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior con suma urgencia.
Entre otros puntos, faculta a la subsecretaría del Interior para autorizar a las policías el ingreso a los domicilios para de detener a las personas a quienes se haya decretado la expulsión por causas graves vinculadas a la seguridad y orden público.
CORTO PLAZO
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, especificó que «en lo que va de Gobierno se han dictado, al mes de abril, cuatro mil 108 expulsiones» y «se han materializado 588 expulsiones sólo administrativas».
Hoy «se puede notificar a través de los correos electrónicos y tenemos un desarrollo que nos va a permitir agilizar las notificaciones», aseveró.
De este modo, agregó, «en el corto plazo vamos a tener más notificaciones de expulsión. Y lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad logística y material, primero para detectar y detener a las personas».
«Tenemos capacidad como Estado limitada respecto de la necesidad de materializar estos procedimientos de expulsión», explicó.
