Un informe de Contraloría ha revelado irregularidades en un convenio entre la Fundación Gaya —creada por la diputada Ana María Gazmuri y su cónyuge, Nicolás Dormal — con 14 municipios, los cuales habrían accedido a pagar cerca de $380 millones de pesos para aplicar el programa “de uso compasivo de aceite de cannabis”.
En el informe de 58 páginas, el ente fiscalizador cuestiona la falta de control de los propios municipios que suscribieron el acuerdo y los apunta por infringir los principios de “eficacia, responsabilidad y transparencia” establecidos en la ley, reveló radio BíoBío.
Gastos duplicados y desembolso de millonarios recursos por ítems no asociados a los convenios, son algunos de los descubrimientos que deberán ser confirmados o desechados por la Controlaría General de la República.
El informe comenzó a efectuarse, luego de recibir dos denuncias por un posible incumplimiento en las rendiciones de cuentas de la organización.
En concreto, el acuerdo entre la fundación y los municipios, se habría realizado entre junio de 2015 y mayo de 2016. En la instancia se acordó que los municipios financiarían, en forma conjunta, la iniciativa.
A cambio, todos las comunas recibirían el fármaco en base a cannabis, con la finalidad de suministrar el tratamiento a 100 o 200 pacientes durante un año. Así, las administraciones comunales desembolsaron un aproximado de entre 17 y 35 millones de pesos, según fuera el caso. En promedio, cada municipio invertiría un total de $176.227 por cada paciente.
LOS PROBLEMAS EN LA FUNDACIÓN
Según la Controlaría, uno de los problemas fue que los municipios de: Calama, Tocopilla, Calera de Tango y Quinta Normal, firmaron el acuerdo sin antes siquiera estuviera aprobado el permiso por el SAG para la siembra, la plantación, el cultivo y la cosecha de cannabis, además de la importación de 6.900 semillas provenientes de Países Bajos.
Por otra parte, 13 municipalidades en análisis firmaron el convenio, e incluso transfirieron recursos a Daya, antes que el ISP autorizara el uso del medicamento.
La Contraloría pudo constatar que, a la fecha del presente informe, 9 de las 14 municipalidades estudiadas ni siquiera recibieron el fitofármaco acordado en los respectivos convenios con la Fundación Daya. A pesar que todas ya habían desembolsado millonarios recursos.
Entre los municipios que recibieron el total de las dosis se encuentra Quilicura y Chillán; las casas edilicias que percibieron una porción del fármaco son Graneros y Antofagasta. Mientras que los municipios que no recibieron nada son: Calama, Tocopilla, Calera de Tango, Quinta Normal, Copiapó, Peñalolén, Puerto Natales, Parral, Quilipué y Arica.
LA RESPUESTA DE LA FUNDACIÓN
Desde Fundación Daya la respuesta fue que, en varias ocasiones, los municipios no generaron “las condiciones” para que se pudiera aplicar el programa de la manera correcta.
La institución no gubernamental, agrega que “nos cuesta comprender la falta de gestión de algunos municipios, dado que se lograron todos los hitos necesarios, generándose las condiciones para que cada municipio implementara el programa de entrega de los tratamientos”.
