El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su política contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en América Latina, ampliando la lista de líderes y exfuncionarios que tienen prohibido ingresar al país. Bajo la administración de Donald Trump, se incorporó a la expresidenta argentina Cristina Fernández a este listado, como parte de un mecanismo que busca sancionar a quienes han atentado contra la democracia o promovido prácticas corruptas desde el poder.
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Junto a Cristina Fernández, también fueron incluidos su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros líderes de la región como Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel (Cuba), el expresidente paraguayo Horacio Cartes y el ex mandatario panameño Ricardo Martinelli. Las acusaciones contra ellos incluyen desde desvío de fondos públicos hasta represión política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
CORRUPCIÓN Y PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS: LOS CASOS MÁS GRAVES
La administración estadounidense ha señalado que esta política no distingue entre gobiernos autoritarios y democráticos. En el caso de Cristina Fernández y Julio De Vido, por ejemplo, se los vincula a un esquema de corrupción en la obra pública durante sus mandatos, que habría implicado el desfalco de millones de dólares. Según Washington, su participación en estos delitos justifica la imposición de restricciones migratorias.
También figuran en la lista el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y su ex vicepresidente Jorge Glas, quienes enfrentan cargos similares. La inclusión de estas figuras refleja el criterio amplio del gobierno de EE.UU. a la hora de sancionar conductas que considera lesivas para los sistemas democráticos, sin importar el color político ni la ideología.
CENTROAMÉRICA: ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Estados Unidos también sancionó a funcionarios de los países del Triángulo Norte —El Salvador, Honduras y Guatemala—. En Guatemala, apuntó directamente al juez constitucional Fredy Raúl Orellana Letona por autorizar procesos judiciales sin pruebas. En El Salvador, acusó a José Edgardo Bruno Ventura, exmiembro de la Policía Nacional Civil, de colaborar con pandillas y redes de narcotráfico Según el gobierno estadounidense, ambos casos evidencian un uso indebido de las instituciones estatales para beneficio personal o político.
Estas sanciones buscan frenar la impunidad y combatir la influencia del crimen organizado dentro de las estructuras gubernamentales, una problemática que se ha agravado en varios países de la región y que representa una amenaza directa para la estabilidad democrática.
LA LISTA ENGEL COMO INSTRUMENTO DE PRESIÓN DIPLOMÁTICA
Estados Unidos ha señalado con fuerza al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por reprimir sistemáticamente a la oposición. Acusó directamente a Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de Managua, y a Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general, de perseguir judicialmente a opositores y respaldar leyes que restringen libertades fundamentales.
Tanto Ortega como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.
Estas acciones forman parte de la Lista Engel, una herramienta legal que refleja la postura de Estados Unidos ante el retroceso democrático en América Latina. Aunque han generado tensiones diplomáticas, la administración de Donald Trump ha mantenido la vigencia de esta política, con el objetivo de fortalecer los derechos humanos, la justicia y el Estado de derecho en la región.
CHE Cristina…
Fin.https://t.co/D0uX5Pd3AD— Javier Milei (@JMilei) March 21, 2025
