Arabia Saudí ha ejecutado a 304 personas en lo que va de 2024, entre ellas siete mujeres, alcanzando un récord sin precedentes en el país, según informó este miércoles Taha al Hajji, asesor legal de la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR).
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Este número supera considerablemente las cifras registradas en años anteriores, marcando un retroceso significativo en los compromisos del reino para limitar el uso de la pena de muerte.
PERFIL DE LOS EJECUTADOS
De las personas ajusticiadas, 187 eran ciudadanos saudíes y 117 extranjeros.
Entre los casos recientes destacan tres egipcios ejecutados en la prisión de Tabuk, donde otros 27 compatriotas permanecen en el corredor de la muerte, enfrentando una ejecución que podría realizarse en cualquier momento.
El narcotráfico ha sido una de las principales causas de estas sentencias. Según Al Hajji, 105 de las ejecuciones este año están relacionadas con delitos de drogas, lo que equivale a más de un tercio del total.
Este dato destaca porque Arabia Saudí anunció en 2021 una moratoria sobre las ejecuciones por este tipo de delitos, pero la revirtió en noviembre de 2022.
PROMESAS INCUMPLIDAS Y REPRESIÓN
Las autoridades saudíes han incumplido reiteradamente sus promesas de moderar el uso de la pena de muerte.
A pesar de los compromisos asumidos por la Comisión Saudí de Derechos Humanos, las ejecuciones no solo han aumentado, sino que también se realizan sin respetar las normas internacionales de juicios justos y salvaguardias básicas, según denuncias de Amnistía Internacional (AI).
Además, el régimen ha utilizado la pena capital como herramienta de represión política.
En particular, miembros de la minoría chií han sido condenados por su apoyo a protestas antigubernamentales ocurridas entre 2011 y 2013.
Estas ejecuciones reflejan un patrón de castigos desproporcionados que busca sofocar cualquier disidencia política en el reino.
COMPARATIVA HISTÓRICA
El incremento en las cifras de este año supera ampliamente las 196 ejecuciones registradas en 2022, que ya representaban el número más alto en tres décadas.
La tendencia actual no solo evidencia una intensificación en el uso de la pena capital, sino que también desafía las críticas internacionales hacia el sistema judicial saudí y sus violaciones sistemáticas de derechos humanos.
