La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar en contra de la Argentina en el juicio por la nacionalización de YPF, al rechazar el pedido del Gobierno de suspender la transferencia de acciones de la petrolera a Burford Capital. El bufete, que compró los derechos de litigio en esta causa, obtuvo en 2023 una sentencia favorable por USD 16.000 millones, aún bajo apelación.
Lea también París exhibe tropas y alianzas en desfile del Día de la Bastilla
La decisión, anticipada por el Ejecutivo argentino, fue contundente. En su resolución, Preska señaló que Argentina incumplió las condiciones previas que le habían permitido acceder a una suspensión de la ejecución sin necesidad de garantías. La magistrada acusó al país de “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias y argumentó que cualquier “daño irreparable” que pudiera alegar el Gobierno “es consecuencia directa de sus propias acciones”.
Según el fallo, a pesar de contar con una prórroga para facilitar la transición de Gobierno, la administración no hizo esfuerzos por cumplir los requisitos exigidos por la corte. La jueza subrayó que no había motivos para frenar la orden de transferencia y ratificó su vigencia sin condiciones.
POSIBLE DESACATO Y NUEVA AUDIENCIA CLAVE
El Gobierno argentino ya presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y evalúa llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, si no acata el fallo de Preska y los demandantes lo solicitan, el país podría enfrentar un nuevo proceso por desacato.
“La última vez que Argentina fue declarada en desacato, ya estaba en default y aislada del mundo. Hoy el contexto es muy diferente, por lo que la estrategia debería enfocarse en minimizar daños, incluso mediante una negociación”, advirtió Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, en declaraciones a Infobae.
En paralelo, Preska convocó a una audiencia para este martes 15 de julio, a las 10:00 (hora local), para avanzar en el pedido de los demandantes de acceder a información sobre empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central. El objetivo es determinar si estas entidades pueden considerarse «alter ego» del Estado argentino y, por lo tanto, ser objeto de embargos.
DOS FRENTES JUDICIALES ACTIVOS
El caso se bifurca en dos procesos paralelos. Por un lado, la apelación de la sentencia de septiembre de 2023, que condenó a la Argentina al pago de USD 16.000 millones, sigue su curso en otro expediente. Aunque las partes ya presentaron sus escritos, la Corte de Apelaciones aún no fijó una fecha de audiencia, por lo que no se espera un fallo antes de 2026.
Por otro lado, el rechazo de Preska a suspender la entrega de acciones corresponde a una orden complementaria que ya fue apelada, pero sigue vigente mientras se resuelve su legalidad.
“Preska decidió mantener activa la entrega de acciones, a pesar de que hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos cuestionó la validez de esa medida”, escribió en X el exviceprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.
Mientras tanto, el Gobierno argentino insiste en ganar tiempo para preservar margen de maniobra, sostener su defensa y, eventualmente, abrir una vía de negociación que evite consecuencias financieras y diplomáticas mayores.
🔴 La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina
Ahora rechazó el pedido de suspender la orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios que demandaron al país. pic.twitter.com/mJHrXlTOSl
— El Economista (@ElEconomista_) July 14, 2025
