El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la captura internacional del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, acusándolos de graves violaciones a los derechos humanos.
También los convocó a prestar declaración indagatoria, junto a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense, en el marco de una causa iniciada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
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El abogado Darío Richarte, junto con un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, presentó la denuncia el 26 de agosto de 2022. Esta acusa a Ortega, Murillo y otros miembros de su gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.
Las acusaciones se centran especialmente en los hechos ocurridos desde abril de 2018, cuando la represión contra manifestantes civiles y opositores políticos se intensificó.
Richarte describió la resolución judicial como un «hito histórico» que establece un punto de inflexión en la justicia universal.
Según detalló, la denuncia se construyó durante más de dos años mediante la recopilación de testimonios de víctimas, documentación y pruebas en colaboración con organismos internacionales.
«Este fallo no concluye el proceso, pero representa un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas», subrayó.
DENUNCIA SE AMPLIÓ SIETE VECES
Entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo denunciante amplió la denuncia en siete ocasiones, consolidando las pruebas presentadas.
El caso se apoya en el principio de jurisdicción universal, que faculta a los tribunales argentinos para juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde se hayan cometido. El fiscal Eduardo Taiano respaldó esta competencia, que el juez Lijo confirmó en su fallo.
La resolución se basa también en testimonios confidenciales de víctimas, informes de organismos internacionales y artículos periodísticos que documentan las violaciones denunciadas.
Richarte destacó que el fallo no solo busca responsabilizar a los culpables, sino también movilizar a la comunidad internacional para defender la democracia y los derechos humanos, particularmente en las Américas.
La orden de captura internacional contra Ortega y Murillo plantea un desafío diplomático considerable para el régimen nicaragüense. Al mismo tiempo, aumenta la presión sobre organismos multilaterales y gobiernos regionales para que actúen frente a estas denuncias.
Con la causa aún abierta, los denunciantes esperan que este fallo impulse tanto la restauración de la democracia en Nicaragua como la justicia para las víctimas. los denunciantes confían en que este fallo impulse la restauración de la democracia en Nicaragua y el acceso a la justicia para las víctimas.
