La Corte Suprema de Brasil ha tomado una decisión histórica al aprobar, de manera unánime, que el ex presidente Jair Bolsonaro se enfrente a un juicio por presunto intento de golpe de Estado.
La acusación, respaldada por la Fiscalía, sostiene que el líder ultraderechista fue el principal responsable de una «organización criminal» que buscó impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
El ex presidente, que tiene 70 años, fue denunciado junto con otros siete acusados, entre los que se encuentran militares de alto rango y antiguos ministros de su gobierno. Las acusaciones contra ellos incluyen “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “intento de golpe de Estado”, “implicación en organización criminal armada”, y “deterioro de patrimonio”.
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UN JUICIO HISTÓRICO
El juicio contra Bolsonaro es particularmente significativo en un país aún marcado por la memoria de la dictadura militar (1964-1985). Periodo que el ex presidente ha defendido en ocasiones y al que se ha mostrado nostálgico.
La causa histórica que se avecina será un punto crucial no solo para la política brasileña, sino también para el futuro del Estado democrático de derecho en el país.
De acuerdo con la Fiscalía, el plan que se le imputa al exmandatario incluye la elaboración de un decreto de «estado de defensa» para justificar el derrocamiento de Lula. Además de medidas aún más extremas como el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes. Este último, actualmente lidera varias de las investigaciones contra el ex presidente.
Sin embargo, el complot no se habría concretado por la falta de apoyo dentro de los altos mandos del Ejército.
LOS DISTURBIOS DEL 8 DE ENERO DE 2023
La investigación también vincula directamente a Bolsonaro con los violentos disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, en un intento de destituir a Lula y de no aceptar los resultados de las elecciones.
Estos hechos marcaron un punto de quiebre en la política brasileña, y la implicación de Bolsonaro en los disturbios se encuentra bajo escrutinio judicial.
BOLSONARO Y SU DEFENSA
Durante las deliberaciones, Bolsonaro se mostró firme en su defensa, negando todas las acusaciones y calificando las investigaciones como una “persecución político-judicial”.
En una declaración pública, el ex presidente aseguró que se trataba de un intento de impedir su candidatura presidencial en 2026, asegurando que su participación en las próximas elecciones sería una revancha personal y política.
Aunque está inhabilitado políticamente hasta 2030 debido a su cuestionamiento sin pruebas del sistema electoral brasileño, Bolsonaro no renuncia a sus ambiciones políticas y confía en que su pena será revertida.
El abogado defensor de Bolsonaro, Celso Sanchez Vilardi, también rechazó las acusaciones, afirmando que “contra el ex presidente no se halló absolutamente nada”. Además, su defensa intentó sin éxito apartar a tres jueces clave del caso. Incluyendo a Alexandre de Moraes, a quien acusan de tener un interés personal en el proceso, ya que fue uno de los objetivos del plan de asesinato.
Bolsonaro también comparó su situación con la de Donald Trump, quien a pesar de enfrentar varios problemas judiciales regresó a la Casa Blanca.
El ex presidente brasileño confía en que la influencia del presidente estadounidense pueda ayudarlo en su lucha judicial. Esto ha generado especulaciones sobre el apoyo internacional que podría recibir en su intento por restablecer su poder político.
LA INCERTIDUMBRE ELECTORAL
Mientras tanto, Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, se enfrenta a una caída en su popularidad y mantiene incertidumbre sobre su reelección.
A pesar de las tensiones políticas en el país, la figura de Lula sigue siendo central en la política brasileña. Mientras Bolsonaro lucha por recuperar terreno ante los desafíos judiciales que enfrenta.
Con el futuro de Bolsonaro en manos de la Corte Suprema y las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, el destino político y judicial del ex presidente sigue siendo incierto, mientras Brasil observa con atención el desenlace de este juicio histórico.
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— EL PAÍS (@el_pais) March 26, 2025
