El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó este viernes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) las acusaciones sobre su presunta intención de abandonar el país, tras el hallazgo en su teléfono móvil confiscado por la Policía Federal de un documento de solicitud de asilo dirigido a la Presidencia de Argentina.
Aprovechó la oportunidad, además, para pedir que se revocara la orden de arresto domiciliario que pesa sobre él.
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«La autoridad policial evidentemente sabe, como es bien sabido, que para considerar la prisión preventiva, debe existir un hecho contemporáneo. Pero, aun así, solo cuentan con un documento, que reconocen como un simple borrador antiguo enviado por un tercero, además de la innegable constatación de que la solicitud no se materializó», indicaron los abogados de Bolsonaro en declaraciones recogidas por la Agencia de Brasil.
DEFENSA DE BOLSONARO
En este contexto, su defensa solicitó que se levantara el arresto domiciliario o, en su defecto, «La resolución urgente del recurso de amparo interpuesto por la defensa el 6 de agosto», argumentando que el expresidente ha cumplido en todo momento con las medidas cautelares dictadas por la Corte Suprema, como la prohibición de salir del país y de usar redes sociales.
Estas manifestaciones se producen luego de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes estableciera este miércoles un plazo de 48 horas para que los abogados de Bolsonaro se pronunciaran sobre el documento de solicitud de asilo encontrado en su teléfono desde 2024.
RIESGO DE FUGA
Contrario a la defensa del exmandatario, De Moraes, relator del caso, pidió explicaciones sobre lo que considera un «Comprado riesgo de fuga», además de los «Reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas» y la «Reiteración de conductas ilegales».
Recientemente, la Policía Federal imputó a Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de este mes, y a uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por supuestamente intentar obstaculizar la investigación que enfrenta por un golpe de Estado.
La medida de De Moraes se produjo tras la conclusión de las pesquisas de la Policía Federal sobre la supuesta actuación de Eduardo Bolsonaro para implementar en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños. Esto incluiría la presunta financiación de hasta dos millones de reales (US$368.853) para impulsar campañas a través de su hijo en Estados Unidos y dificultar la causa por golpe de Estado.
Asimismo, la Policía brasileña reveló que el expresidente había considerado solicitar asilo político en Argentina, gobernada por el ultraderechista Javier Milei, tras encontrar en su teléfono el documento donde denunciaba ser víctima de una “persecución en (su) país de origen por motivos y delitos fundamentalmente políticos”.
