El próximo 17 de marzo comenzará, en Lyon, en el este de Francia, un nuevo juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda por presuntamente hber asesinado a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016, anunció el tribunal de apelación de ese distrito. Será el tercero.
Esto ocurre porque la Corte de Casación, el alto tribunal francés, anuló en febrero la condena a 28 años de prisión impuesta a finales de 2023 en contra del sudamericano y ordenó un nuevo juicio en apelación ante el tribunal local.
El tercer juicio contra Zepeda, de actuales 34 años, comenzará el martes 17 de marzo a las 09H30 (07H30 GMT) y se prevé que dure hasta el viernes 3 de abril.
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En diciembre de 2023, un tribunal de la ciudad de Vesoul lo condenó a 28 años de prisión por asesinato premeditado de Narumi, la misma pena que se le había impuesto en primera instancia un año antes.
Aunque el cuerpo de Kurosaki nunca apareció, la justicia consideró en ambas ocasiones que su exnovio la asesinó en la residencia de estudiantes de la joven japonesa de 21 años en Besanzón en 2016 e hizo desaparecer sus restos.
Según los acusadores, Zepeda habría regresado a Francia desde Chile dos meses después de romper con Narumi con dos alternativs en la cabeza: reconquistarla o, en caso contrario, matarla.
El acusado niega haberla asesinado.
Desde su extradición desde Chile en julio de 2020, se encuentra en prisión preventiva en Francia.
JUICIO ANULADO
En febrero, la Corte de Casación anuló la segunda condena porque, durante su audición en el juicio, un investigador usó documentos Powerpoint sobre sus pesquisas, sin comunicarlos primero a la defensa.
Este investigador había «realizado de facto, y por iniciativa propia, nuevos actos de investigación», agregó en su decisión la Corte de Casación, que no se pronuncia sobre el fondo del caso.
«Es una verdadera victoria y da al señor Zepeda la posibilidad de seguir reivindicando su inocencia en este tercer proceso», declaró entonces a AFP Patrice Spinosi, uno de los abogados del chileno.
Por su parte, su familia sostuvo en un comunicado que «esta decisión confirma que ha habido una campaña sostenida para violar el debido proceso, con el objetivo de reforzar la débil acusación con la que el fiscal presentó este caso».
