China lanzó este miércoles duras críticas contra Estados Unidos, acusándolo de operar con una “mentalidad de Guerra Fría” y un marcado “sesgo ideológico” respecto a la situación del Canal de Panamá.
Esto, luego de que el Tribunal Supremo panameño resolviera anular la concesión de dos puertos cercanos al canal que estaban en manos de la firma hongkonesa CK Hutchison.
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El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, aseguró que Pekín “salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”. En ese marco, cuestionó “quién busca la hegemonía sobre el Canal” y “quién intenta monopolizarlo”.
TENSIÓN
En un nuevo episodio de la tensión entre Washington y Pekín por la estratégica vía interoceánica, Lin sostuvo que Estados Unidos actúa “bajo el pretexto del Estado de derecho mientras socava el derecho internacional”, una conducta que, afirmó, “es evidente para la comunidad internacional”.
Las declaraciones del portavoz chino se dan luego de que Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, informara el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño.
La controversia se desató tras la decisión del máximo tribunal panameño, que la semana pasada declaró “inconstitucional” el contrato de concesión que permitía a la empresa operar dos puertos ubicados en el entorno del canal.
Cabe recordar que CK Hutchison había acordado el año pasado el traspaso de la concesión a un consorcio encabezado por la gestora de activos estadounidense BlackRock. Sin embargo, la operación quedó paralizada por China, en el contexto de la disputa geopolítica que mantiene con Estados Unidos.
En paralelo, el contralor general de Panamá, Anel Flores, ingresó el pasado 30 de julio dos acciones judiciales ante la Corte Suprema contra la concesión otorgada a PPC, apoyándose en una auditoría que detectó “numerosas irregularidades” en el contrato.
Tras conocerse el fallo, PPC confirmó el inicio del arbitraje internacional contra Panamá, argumentando que enfrenta una “campaña” del país “dirigida específicamente” en su contra, por lo que exige una “indemnización amplia”.
