Con un documento demoledor de más de 1200 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó en evidencia el rostro más crudo del régimen de Nicolás Maduro.
El informe, publicado este jueves, detalla graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en un contexto regional que también incluye a Cuba y Nicaragua. Pero fue el mandatario venezolano quien acaparó la atención por la magnitud y brutalidad de las denuncias.
“El informe documenta prácticas de terrorismo de Estado dirigidas, especialmente, a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, advierte uno de los párrafos.
La CIDH, órgano autónomo de la OEA, retrató un país dominado por la represión, el miedo y la violencia institucionalizada. Desde ejecuciones extrajudiciales hasta torturas, el repertorio del régimen chavista revela una estrategia meticulosamente orquestada para eliminar cualquier disidencia.
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ELECCIONES A LA FUERZA
El proceso electoral del 28 de julio de 2024 no escapa al escrutinio. Según el informe, Maduro y su entorno planearon una maniobra de tres fases para perpetuarse en el poder.
La CIDH concluyó: “Antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio (de 2024), el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder».
La maquinaria estatal fue usada no solo para reforzar la candidatura de Maduro, sino también para asfixiar la de la oposición. La represión se ensañó particularmente con el equipo de María Corina Machado y el partido Vente Venezuela, que apoyó a Edmundo González Urrutia.
“Las acciones evidencian un patrón de persecución contra Vente Venezuela, el comando de campaña de María Corina Machado, quien apoyó al candidato Edmundo González Urrutia”.
Los organismos responsables, entre ellos el SEBIN, la DGCIM y la PNB, ejecutaron detenciones arbitrarias, allanamientos y amenazas. Todo con el mismo objetivo: borrar del mapa cualquier posibilidad de alternancia democrática.
CALLES Y REPRESIÓN
El descontento no tardó en estallar. Unas 300 protestas espontáneas sacudieron al país tras las denuncias de fraude electoral. La respuesta oficial fue brutal. Fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales conocidos como “colectivos” actuaron con violencia sistemática.
“En respuesta, el régimen puso en marcha prácticas de terrorismo de Estado para infundir terror en la población, aplacar las protestas y silenciar la ciudadanía inconforme”.
Maduro no se quedó callado. Desde actos públicos, lanzó amenazas veladas que solo reforzaron el clima de terror.
“El 17 de julio (2024), durante un acto proselitista, Nicolás Maduro advirtió sobre un ‘baño de sangre y una guerra civil en el país’ en caso de que la oposición lograra una victoria electoral”, detalla el documento del organismo.
Las consecuencias fueron fatales. Al menos 16 muertes atribuidas directamente a fuerzas estatales o colectivos armados, todas por arma de fuego. Las víctimas presentaron disparos en el cuello, el tórax, la cabeza y otras zonas vitales.
SILENCIO FORZADO
El periodismo libre también fue blanco del régimen. Según la CIDH, en 2024 se recrudecieron los ataques contra medios y trabajadores de prensa, en especial durante la campaña electoral.
“Las principales agresiones contra la prensa incluyeron: allanamientos, cierres de medios, confiscación de equipos, cancelación de pasaportes, deportación de periodistas internacionales, despidos injustificados, amenazas y censura”.
Las leyes utilizadas para justificar estas acciones, como la “Ley Contra el Odio”, fueron instrumentalizadas para encarcelar, intimidar y silenciar a reporteros, muchos de los cuales hoy enfrentan procesos por cargos como terrorismo o asociación ilícita.
JUSTICIA AUSENTE
En otro de los apartados más alarmantes, el informe denuncia la falta de información sobre las condiciones carcelarias en Venezuela. El sistema penitenciario opera bajo un doble esquema. Uno oficial, con unas 30.000 personas detenidas, y otro informal, con más de 28.000 en centros preventivos.
“La situación de las personas privadas de libertad en Venezuela sigue caracterizada por ausencia de estadísticas oficiales actualizadas, dualidad de sistemas penitenciarios, hacinamiento, elevado uso de la prisión preventiva, corrupción, autogobierno en las unidades, deplorables condiciones de detención y malos tratos”.
La CIDH concluye que el régimen ha vaciado de contenido a todas las instituciones garantes de democracia y derechos. Sin controles, sin prensa libre y con una ciudadanía silenciada, el poder se concentra en manos de Maduro y su entorno.
Antes de que la CIDH hiciera público su demoledor documento, se lo envió al gobierno venezolano. La respuesta fue el silencio.
REVISA EL INFORME ANUAL DE LA CIDH AQUÍ
