Este martes un tribunal de Hong Kong dictó sentencias de hasta diez años de prisión contra 45 activistas prodemocracia en un juicio histórico bajo la controvertida ley de seguridad nacional impuesta por Pekín.
Este caso, el alcalde de la ciudad desde la promulgación de la ley en 2020, ha generado críticas internacionales y avivado las preocupaciones sobre la represión de las libertades políticas en el territorio.
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En 2021, las autoridades detuvieron a varios líderes prodemocráticos en Hong Kong por organizar elecciones primarias informales en 2020, con el objetivo de obtener una mayoría en el Consejo Legislativo de la región.
Entre los acusados destacan figuras clave del movimiento prodemocrático, incluido el jurista Benny Tai, considerado el principal artífice de la consulta, quien recibió una sentencia de diez años de prisión, la más severa bajo esta ley.
Las autoridades condenaron a otros líderes destacados, como Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung y Gordon Ng, este último de nacionalidad australiana, a penas de hasta siete años y tres meses de cárcel.
Las autoridades consideraron a estos activistas, designados como organizadores principales de la consulta, una «amenaza a la seguridad nacional». En este caso, inicialmente se arrestó a 47 personas, pero dos de ellas fueron absueltas en mayo pasado.
REDUCCIÓN DE ESPACIO PARA LA DISIDENCIA
La implementación de esta ley, introducida tras las enormes protestas prodemocráticas de 2019, ha revolucionado drásticamente el panorama político de Hong Kong, reduciendo significativamente el espacio para la disidencia y el activismo.
El caso ha provocado reacciones internacionales. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, expresó su «grave preocupación» por la sentencia contra Gordon Ng, calificando este momento como «profundamente difícil» para el activista, su familia y sus seguidores.
Wong reiteró las «fuertes objeciones» del gobierno australiano a la «continua aplicación de la ley de seguridad nacional» en Hong Kong y llamó a respetar los derechos humanos fundamentales.
Este juicio pone de manifisesto las tensiones entre la promesa de autonomía bajo el principio de «un país, dos sistemas» y las crecientes restricciones impuestas por Pekín, lo que ha llevado a numerosos líderes y activistas a enfrentar el exilio o prisión.
