El Congreso peruano aprobó la Ley 785, presentada por la bancada ultraconservadora Renovación Popular, que busca reconocer derechos al concebido. Esta iniciativa, observada por el Ejecutivo en mayo pasado, recibió respaldo con 72 votos después de que el legislador Alejandro Muñante sustentara el dictamen de insistencia en la sesión plenaria.
No obstante, la legisladora izquierdista Ruth Luque presentó de inmediato una reconsideración de la votación. La ley, que había sido observada previamente por el Ejecutivo en abril, propone modificar el Código Civil para establecer que la vida humana comienza con la concepción, en contraste con el código vigente que la reconoce desde el nacimiento.
La autora de la ley, María Jáuregui, explicó que busca brindar seguridad al ser humano en desarrollo, otorgándole derechos desde el momento de la concepción. Aunque asegura no oponerse al aborto terapéutico, la congresista de Renovación Popular sostiene que la nueva norma no afecta lo establecido por la ley actual.
El primer artículo de la ley define al concebido como persona humana sujeta de derechos, mientras que el segundo establece su identidad propia, identidad genética única e irrepetible, y una personalidad independiente de la madre. El tercer artículo propone la modificación en el Código Civil, y los siguientes reconocen y protegen los derechos del concebido a la dignidad, a la vida, y a la integridad propia, independiente de la madre gestante, entre otros.
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Los últimos artículos se refieren al acceso a la salud de la madre y establecen que, en situaciones de riesgo médico para la madre y el concebido, corresponde a la madre o al cónyuge decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse.
Tras la aprobación inicial, la Defensoría del Pueblo señaló en abril pasado que la ley no cumplía con estándares internacionales, especialmente en casos de violación sexual, donde se aplicaría el protocolo de aborto terapéutico y el acceso gratuito y oportuno a la Anticoncepción Oral de Emergencia.
La defensoría instó a la presidenta de Perú a observar la norma, argumentando que contradice decisiones judiciales previas. En 2022, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 7.614 casos de violación sexual contra niñas y adolescentes, resultando en 1.624 nacimientos de madres menores de 14 años.
